El TSJC obliga a la Policía a restituir a un inspector cesado en Puerto del Rosario
La sección segunda de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha requerido al Jefe Superior de Policía del Archipiélago, Valentín Solano, que cumpla “de forma inmediata” el auto de medidas cautelares de 22 de noviembre de 2013 que le obligaba a restituir en su puesto de Jefe de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Puerto del Rosario a un inspector cesado en septiembre del año pasado que, además, es representante sindical de la Confederación Española de Policía (CEP).
La providencia del TSJC advierte al Jefe Superior de la posibilidad de “deducir testimonio” contra él, en caso de incumplimiento, para exigir la responsabilidad penal correspondiente. Ya a comienzos de este año, el citado órgano judicial decidió suspender cautelarmente el cese del inspector por “los posibles perjuicios” que pudiera provocar sobre al afectado y el sindicato, “en detrimento de la función de representación y defensa de los trabajadores”.
Según indica el sindicato CEP, mediante esta nueva comunicación, de 26 de marzo, el TSJC ha tenido que salir al paso de la negativa del jefe superior a cumplir lo que se le indicó en noviembre de 2013, “con el consiguiente perjuicio que ha estado sufriendo durante todos estos meses el inspector, que fue apartado de sus funciones –a nuestro juicio, sin motivos y de forma caprichosa- para su traslado a la Brigada de Extranjería y Fronteras”.
Desde la Confederación Española de Policía, que representa los intereses profesionales de 26.000 policías en toda España, alertan de “la gravedad que supone que una medida cautelar dispuesta por un órgano judicial no sea llevada a efecto por el Jefe Superior durante cuatro meses, obligando al Tribunal Superior de Justicia de Canarias a advertirle de las responsabilidades penales en las que podría incurrir si no acata lo que se la ha ordenado”.
Para el sindicato, la actitud de Solano genera “alarma y preocupación, especialmente porque afecta a derechos muy relevantes de un profesional del cuerpo, como es el inspector, que está sufriendo estas medidas injustas, y porque en este procedimiento, además, se demanda la protección de un derecho esencial, como el de la libertad de ejercicio de la acción sindical”.
CEP advierte que, de no adoptarse medidas inmediatas para cumplir la última providencia del TSJC, instará a la Sala a adoptar las medidas penales que procedan.
