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Opinión - Vivir sobre un polvorín. Por Rosa María Artal

''Queremos evitar que se convierta en un festín mediático''

“Queremos evitar que el juicio se convierta en un festín mediático”. Así ha arrancado la primera vista del juicio oral por el caso Kárate, en el que se juzgan los presuntos delitos sexuales cometidos por los acusados Fernando Torres Baena, María José González, Ivonne González y Juan Luis Benítez, contra al menos 61 testigos-víctima que han presentado declaración durante la instrucción del caso. “Es un juicio largo”, ha advertido el presidente del Tribunal, Emilio Moya Valdés. Las sesiones, que tendrán lugar en la Sala VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, se prolongarán hasta el próximo 13 de diciembre. La sentencia, según el magistrado, estará lista para navidad.

El interés que ha despertado el caso del gimnasio regentado por Torres Baena ha obligado al Tribunal a tomar medidas excepcionales. “A veces se acierta y a veces no”, se ha excusado Moya Valdés al comienzo de la vista previa, en referencia a las restricciones a los periodistas en la sala, “los acusados se merecen que el juicio se celebre en esta sala y no a lo largo del país”. Cualquier tipo de dispositivo electronico ha sido prohibido bajo a amenaza de desalojo: “Si la policía ve que tocan un móvil, serán expulsados. Eso sí, con cariño”.

So pretexto de evitar “juicios paralelos”, los pronunciamientos previos de cada una de las partes se han convertido en un debate en torno a la conveniencia de celebrar el juicio a puerta cerrada, para proteger la identidad de las víctimas, o convertirlo en audiencia pública. El único de los presentes que ha apoyado esta última opción ha sido el abogado defensor de Torres Baena, principal acusado, Ángel Luis Calonge. “Mi cliente es inocente y no tiene absolutamente nada que esconder”, ha alegado.

El resto de la defensa (los abogados de María José González, Ivonne González y Juan Luis Benítez) se han mostrado partidarios de proteger la identidad de los testigos menores de edad, si bien han solicitado que no se evite la confrontación (es decir, la declaración en la misma sala y a cara descubierta frente a a los acusados) de las víctimas que ya han cumplido la mayoría de edad. “No estamos hablando de menores de cinco años”, ha insistido Calonge, “con 16 o 17 años ya tienen la madurez suficiente”.

Victimizar a las víctimas

“Es un hecho que estamos en audiencia pública”, ha sentenciado el abogado de Benítez. Tras el banquillo de los acusados se situaban decenas de periodistas gráficos y redactores acreditados para seguir la vista oral. La defensa ha utilizado el interés mediático de un caso cuyo proceso ha sido comparado con Malaya o el 11-M en cuanto a las medidas extraordinarias (magistrados liberados, agenda de sesiones, etcétera).

Las filtraciones durante la instrucción del caso, para la que se decretó el secreto del sumario, han sido parte del argumentario de la defensa. “La calle seguiría conociendo lo que aquí ocurre”, ha esgrimido el abogado de Torres Baena. Calonge, que solicita la total absolución de su defendido, ha declarado, además, que “cualquier medida” destinada a ocultar a los testigos “contribuye a victimizar a las víctimas y a culpabilizar” a su cliente. “Y por ahí no paso”, ha apostillado.

Los acusados se han declarado, en primera instancia, inocentes de todos los cargos. A Torres Baena, propietario del gimnasio y profesor de kárate, a quien la Fiscalía define en su escrito de acusación como “héroe o Dios” y atribuye una “superioridad moral y espiritual” de la que se sirvió para manipular a las víctimas, de entre 10 y 16 años, se le imputan 36 delitos de abusos sexuales continuados, 13 de corrupción de menores y uno de tenencia ilícita de armas. El fiscal pide 303 años de prisión. El resto de procesados se enfrentan a 154, 146 y 18 años de cárcel por los mismos delitos: 24 para María José, 22 para Ivonne y tres para Juan Luis.

“Son falsos”, ha contestado, rotundo, Torres Baena a la pregunta formulada por el presidente del Tribunal sobre si eran ciertos los datos incluídos en el resumen leído por la secretaria de la sala. Uno tras otro, los acusados han negado los cargos.

La defensa ya dejó traslucir durante la instrucción del caso la tesis de que todo lo relatado responda a una trama artificial contra el principal procesado. La acusación particular ha descalificado la “teoría tan singular de la conspiración universal en la que estamos todos”. En esta línea, Calonge ha detallado durante la exposición de las cuestiones previas las reservas presentadas contra la propia investigación policial que, según mantiene, hubiese sido “gestionada” para hacer recaer el caso sobre el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Según el abogado, se intentó “conducir el caso desde el día 24 al día 30 de enero”, para ello ha citado los casos de al menos dos denuncias aplazadas, así como de información filtrada y publicada en medios de comunicación con anterioridad al registro de las declaraciones: “Se dejó pasar 15 horas para dar la competencia a un juzgado que no la tenía”, ha defendido.

Este argumentario pretende echar por tierra los testimonios de los 188 testigos que señalan a los acusados como protagonistas o incitadores de actos sexuales que tenían lugar en los baños o el almacén del gimnasio y en el chalet de Torres Baena en Vargas, en el municipio grancanario de Agüimes. Algunas declaraciones apuntan a sexo en grupo entre menores con o sin la participación de varios de los acusados o a relaciones pedófilas homosexuales pasivas de Torres Baena con menores de 10 años. La defensa niega contundentemente que esos testimonios sean reales y por ello solicita que los testigos se encaren con sus antiguos monitores.

La cuestión sobre la publicidad de las sesiones ha quedado pendiente de deliberación, si bien el magistrado jefe ha decretado la audiencia pública para las declaraciones de los acusados. La próxima sesión se celebrará el 15 de mayo.

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