Sagrado Corazón: historia de un desencuentro
Más de un cuarto de siglo después, el patrón se repite: familiares descontentos, goteo de alumnos que abandonan el centro, ambiente enrarecido, preocupación por el prestigio del colegio y silencio entre los propietarios y la dirección. Las denuncias publicadas recientemente en este periódico de madres de ex alumnas del Sagrado Corazón sobre presuntas prácticas irregulares y coacciones en el centro encuentran concomitancias con hechos acaecidos a mediados de los años 80 en el mismo lugar. Entonces, como ahora, una figura en el punto de mira, la de Antonio Coello, y una acusación, un desmedido afán recaudatorio.
El colegio Sagrado Corazón vivió años de convulsión a raíz de la querella presentada en 1985 por un grupo de padres contra el Consejo de Administración del centro, que presidía Antonio Coello, su actual propietario. Acusaban a la institución de apropiarse indebidamente de acciones que fueron adquiridas por padres a los que se les ofreció, en su momento, la posibilidad de formar parte de la empresa por 50.000 pesetas (300 euros), 47.000 a fondo perdido y 3.000 que daban derecho a un título por alumno.
Además, se negaban a abonar las 7.000 pesetas (42 euros) que solicitaba el Consejo en concepto de “aportación concertada”, cuando el cobro máximo que permitía la ley para los centros que recibían subvención de la Administración era de unas 1.300 pesetas (8 euros) por alumno en concepto de Enseñanza reglada. En una carta publicada en el Diario de Las Palmas el 5 de diciembre de 1985, padres de alumnas del Sagrado Corazón advertían “el constante goteo de niños que han ido desertando de nuestro colegio a lo largo del mandato de la directiva que preside el señor Coello y el deterioro del prestigio que hasta ahora ha tenido”.
La postura de los seis miembros del Consejo de Administración derivó, como queda reflejado en la prensa de la época, en una tensión creciente que alcanzó su cima más alta con el encierro de un grupo de padres en el recinto escolar, siendo necesaria la presencia policial en las asambleas que se celebraban en el edificio de Tafira.
A las concentraciones en el parque de San Telmo de la capital grancanaria y ante la Consejería de Educación que por entonces regía el socialista Luis Balbuena, la APA Sofía de Barat, que temía una privatización del centro, sumó como medida de presión el cese de actividades, que fue secundado por 550 de las 850 alumnas del colegio. El clima de tensión que se respiraba provocó que el 40% de sus trabajadores respaldase una huelga indefinida.
El conflicto se agudizó cuando un grupo de padres se desmarcó de las exigencias del APA Sofía de Barat, situándose en un terreno intermedio y exigiendo la normalidad en el centro para que sus hijas pudieran ser educadas en condiciones. Criticaban que las niñas estaban siendo atendidas en clase “por personal de comedor y de guaguas”. La dirección del centro respondió con el despido de 24 trabajadores que habían secundado la huelga.
Por esas fechas, finales de junio de 1986, la consejería de Educación había resuelto incoar un expediente de revocación de licencias de apertura y funcionamiento por los incumplimientos del Consejo de Administración en los cobros por colegio subvencionado.
A pesar del recurso presentado por la Asociación Profesional de Centros de Enseñanza no Estatales de Las Palmas, la investigación de la Consejería de Educación dio la razón a los padres. La resolución concluía que los titulares del Sagrado Corazón debían devolver en el plazo de dos meses las cantidades cobradas indebidamente por superar las permitidas a los colegios subvencionados.
La recaudación ilícita del centro provenía de conceptos como el de inscripción de alumnos, por el que los padres pagaron 55.000 pesetas (330 euros) en los cursos 1982/1983 y 1983/1984 y 58.000 (348 euros) en 1984/1985 y 1985/1986; el de enseñanza reglada, que el colegió cobró durante octubre, noviembre y diciembre de 1985 a 11.400 pesetas (68 euros), siendo la cantidad máxima permitida cercana a las 1.300 pesetas (8 euros); el de aportación concertada, que ascendió a 4.467 pesetas (27 euros) por alumno en 1982/1983, a 4.650 (28) en 1983/1984, a 6.517 (39) en 1984/1985 y a 7.732 (46) en 1985/1986, y el de actividades complementarias, por el que los progenitores de las alumnas abonaron 4.500 pesetas mensuales (27 euros), cuando el Sagrado Corazón, como concertado, sólo podía percibir 1.100 pesetas (7 euros).
Por otra parte, la Magistratura número 3 de Las Palmas declaró “radicalmente nulo” el despido de 24 trabajadores del centro, obligando a los titulares del mismo a la readmisión inmediata del personal afectado. A los pocos meses, el Consejo de Administración del Sagrado Corazón presentó suspensión de pagos, dando inicio a un nuevo episodio conflictivo.
