Segundo intento para el IBI social: Las Palmas de Gran Canaria amplía el plazo de solicitudes

Según un reciente estudio europeo, Canarias es la comunidad autónoma con la tasa española más alta de personas en riesgo de sufrir pobreza o exclusión. Partiendo de esa base y a falta de una bajada impositiva general, Las Palmas de Gran Canaria ha ampliado el abanico de opciones para que los vecinos de la capital puedan acogerse al denominado IBI social.

Una subvención para afrontar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que cada año pasa factura a ciudadanos que no llegan a fin de mes, que el Ayuntamiento capitalino puso en marcha el pasado año con escaso resultado. El que la ayuda apenas llegara a 5.000 familias ha derivado en que se hayan producido dos cambios fundamentales en la iniciativa: el primero se centra en que la misma ha tomado carácter de ordenanza municipal, con lo que deberá aplicarse de forma anual hasta que sea derogada en sesión plenaria; la segunda es que ha pasado a depender de la Concejalía de Cohesión Social, cuando estaba en manos de Economía y Hacienda.

Este cambio ha promovido que se flexibilicen los requisitos para acogerse a la ayuda, explica el edil responsable del área, Jacinto Ortega, quien apunta que el periodo para recibir solicitudes se ha ampliado y permanecerá abierto hasta el 27 de noviembre.

Aunque el valor catastral de las viviendas de los vecinos que pueden solicitar la subvención no debe superar los 60.000 euros, existen excepciones que pueden elevar la cifra a los 80.000 euros. Es el caso de personas que perciban alguna ayuda social, como la Prestación Canaria de Inserción (PCI), algo que no se contemplaba el pasado año. Dichos propietarios no deben tener otros bienes inmuebles y mostrar un límite en los ingresos brutos anuales.

Otra novedad se encuentra en la subvención alcanzará también a los inquilinos de viviendas de protección oficial. Además, el Consistorio tendrá en cuenta el número de miembros que conviven en un solo domicilio. “El año pasado se quedaron fuera numerosas familias por el hecho de que el propietario de la vivienda era, por ejemplo, un abuelo con una pensión mediana que superaba lo exigido. El hecho de tener en cuenta este año la unidad de convivencia hace que el titular de la vivienda se vea beneficiado cuando sus hijos que vuelvan, por ejemplo, al núcleo familiar por cualquier motivo. Ya sea porque se han separado o porque, por circunstancias ajenas, se hayan mudado con sus cónyuges y sus respectivos hijos”, explica el concejal.

A juicio de Ortega, este cambio permitirá un incremento en el número de receptores del IBI social. De hecho, cree este año se duplicará “como mínimo” la cifra del pasado ejercicio y aunque consideraría un éxito llegar a las 30.000 familias, al igual que lo hiera el pasado año, en esta ocasión se muestra cauto.

El importe de las ayudas oscilan entre el 20% y el 100% de un máximo establecido de 300 euros, para lo que el Ayuntamiento ha destinado un total de 900.000 euros. Se trata, según Ortega, del importe más elevado que puede recibir una familia por este tipo de ayuda en España.

El edil no habla de los motivos que llevan a la Administración local a tomar este tipo de iniciativas, en vez de apostar por una rebaja genérica del IBI que alivie la presión impositiva a toda la ciudadanía capitalina y asegura tratar de facilitar que el proceso se haga “menos doloroso” para las familias más desfavorecidas.

El Pleno municipal rechazó a mediados de año la solicitud del Partido Popular (PP) que proponía una bajada del 10% y un 15 % en todos los inmuebles que tributan en la ciudad para 2018.

Aunque los populares tacharon de “nefasta” la gestión del IBI social llevada a cabo el pasado año, han sido los únicos que no han querido participar en la elaboración de la nueva ordenanza, como sí lo hicieron Ciudadanos y UxGC. Para Ortega, esto demuestra que el PP “hace un papel de oposición en el que siempre quiere restar” y “con tal de decir que no apoyan una medida impulsada por este gobierno son capaces de darle la espalda a las necesidades de nuestros vecinos”.

Ortega afirma que la ejecución presupuestaria del área de Cohesión Social alcanzó el 71,38% el pasado 1 de noviembre, muy cerca de los 79,93% ejecutado en 2016 y a falta de dos meses para el cierre del ejercicio.