El Servicio Canario de Salud exige 16.000 euros a una mauritana que dio a luz a un bebé que estuvo dos semanas ingresado

La Coalición por el Derecho a la Salud de Canarias ha denunciado este miércoles que los inmigrantes irregulares siguen excluidos de la sanidad pública en las Islas, donde asegura que se ven obligados a afrontar facturas de miles de euros por recibir atenciones a las que deberían tener derecho.

Este colectivo ha expuesto este miércoles a la prensa varios ejemplos de la situación que denuncia, como el de una mauritana que dio a luz en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria a un bebé que permaneció ingresado dos semanas por problemas de salud y a la que le reclaman ahora 16.000 euros o el de un marroquí al que le exigen 2.400 euros por operarle el tendón de aquiles tras una lesión.

Integrada por organizaciones como Cáritas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado o Médicos del Mundo, esa plataforma subraya que sigue teniendo que ayudar a extranjeros en situación ilegal por problemas cuando requieren atención médica, pese al anuncio de las autoridades regionales de que iban a devolverles la cobertura sanitaria que les quitó un decreto del Gobierno central en 2012.

“A día de hoy se siguen produciendo vulneraciones del derecho universal a la atención sanitaria”, ha expuesto en su nombre la portavoz de Médicos del Mundo Elena Cáceres, que ha afirmado que esa realidad contradice los mensajes de apuesta por reponer la sanidad universal del Gobierno canario.

Cáceres ha destacado que esa realidad supone, además, el incumplimiento de un compromiso adquirido por los partidos que sustentan el Ejecutivo, CC y PSOE, que suscribieron un manifiesto en favor de devolver la sanidad pública a los inmigrantes irregulares y todavía no lo han hecho.

En una rueda de prensa convocada para denunciar esta situación con motivo de la conmemoración mañana del Día de los Derechos Humanos por la Coalición por el Derecho a la Salud, su representante ha insistido en que lo que ocurre genera “graves problemas” a los inmigrantes irregulares.

Estas personas, ha relatado, dejan de recibir asistencia sanitaria por temor a acudir a centros médicos, porque cuando van a ellos se les niega la atención o porque cuando las curan se tienen que enfrentar a cuantiosas facturas que no pueden pagar y que dificultan sus intentos por regularizar su estancia en el territorio nacional

Y ha precisado que, si bien en la mayoría de los casos los afectados logran evitar el abono de los pagos que les exigen, eso solo se consigue gracias a la ayuda de organizaciones humanitarias que “tienen que estar durante meses dando vueltas para resolver esos problemas”, y que todo ello suele ocasionar nuevos perjuicios.

El más frecuente de ellos es que extranjeros que tenían avanzados los trámites destinados a conseguir la regularización de su situación en el país vean sus procesos paralizados, puesto que “uno de los requisitos que se les exigen es que no tengan deudas con la Administración”, ha explicado Javier Jerez, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Por todo lo expuesto, la Coalición por el Derecho a la Salud ha reiterado la demanda que desde hace años vienen planteando de que se derogue el decreto que apartó a los inmigrantes irregulares de la sanidad pública y ha reclamado que, en tanto eso no ocurra, el Gobierno de Canarias adopte medidas para que quede sin efecto en la práctica.