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El Supremo ofrece a Zerolo declarar voluntariamente

CASO 'LAS TERESITAS' | POR MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN

El Alto Tribunal ya ha tenido conocimiento de la tramitación de la causa penal. 

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El mecanismo que podrá concluir con la apertura de juicio oral al senador Miguel Zerolo por el conocido como caso Teresitas se ha puesto ya en marcha. En estos momentos el exalcalde permanece imputado por malversación de fondos y prevaricación, en principio, y quizás también de nuevo pueda estarlo por cohecho. El Alto Tribunal ofrece ahora a Zerolo la posibilidad de que preste declaración de forma voluntaria sin necesidad de pedir un suplicatorio a la Cámara Alta. El pasado mes de enero entró en la Sala II de lo Penal del Alto Tribunal una comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) informando que el exalcalde y exdiputado regional ostenta en la actualidad el cargo de senador en representación de la Comunidad Autónoma con lo cual sólo puede ser juzgado por el Supremo. Ahora la Secretaría de Gobierno del TS deberá certificar que efectivamente Zerolo es senador y por lo tanto está aforado en la Cámara Alta.

Miguel Zerolo.

Miguel Zerolo.

Una vez cumplido este paso la Fiscalía deberá estudiar si el Supremo es competente para instruir la causa penal y sobre el contenido de la querella. A continuación la Sala II determinará si la admite a trámite o por el contrario decide archivarla. En el primero de los supuestos se nombrará un instructor que llamará a declarar a Zerolo aunque para ello tendrá que dirigirse previamente al Senado para pedir un suplicatorio que será tramitado en la Comisión creada en esta Cámara. En toda la historia de la democracia sólo ha habido una ocasión en la que este organismo se negó a que un senador fuese juzgado. De resto siempre se ha dado vía libre a la instrucción. No obstante, Zerolo tiene la posibilidad de saltarse este último trámite y ofrecerse voluntariamente a declarar ante el Supremo, tal y como hizo recientemente el exministro socialista, José Blanco. En el caso del exalcalde esta posibilidad parece bastante remota dado que hasta ahora la estrategia judicial parece ser la de retrasar y obstaculizar al máximo la instrucción.

Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales del pasado año las causas especiales de aforados serán tramitadas por la Sala Segunda que resolverá sobre su admisión a trámite y en su caso las enjuiciará, estando formada por el presidente y dos o cuatro magistrados según los casos. Estos jueces serán nombrados por un período de cuatro meses, siguiendo un doble turno: uno o dos, en su caso, por turno de antigüedad ?de mayor a menor? y el otro o los otros dos, por turno de menor a mayor antigüedad. "El conocimiento y decisión de los recursos frente a las resoluciones del instructor designado en la admisión corresponderá a una Sala compuesta por tres magistrados, nombrados por un período de cuatro meses, siguiendo el orden de los que precedan inmediatamente a los magistrados designados para la admisión, partiendo del más antiguo, excluyendo al presidente", se indica en el BOE. Si se cumplen los plazos previstos, el caso de Las Teresitas será instruido de principio a fin bajo la presidencia de Juan Saavedra Ruiz y la sala estará constituida por Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, que son los que cubren el turno hasta el mes de junio.

Zerolo permanece como imputado desde finales del año 2006 a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, por la operación de compraventa de los terrenos de Las Teresitas. Son múltiples las irregularidades detectadas en esta operación llevada a cabo en el año 2001, momento en el que la Corporación local adquirió las once parcelas del frente a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), entre ellas que se abonó un precio superior al real, que pudo existir connivencia entre los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia para favorecerlos, que se compraron y vendieron terrenos que eran propiedad de terceros o que algunos de los solares eran suelo público de Costas. En el año 2007 el Tribunal Supremo procedió a anular la operación de compraventa por los errores cometidos en su tramitación.

Además, la investigación por el presunto delito de cohecho determinó que el alcalde debió contar con fondos de origen desconocido dado que raramente sacaba dinero de sus cuentas. Un hecho que resultaba aún más sorprendente si se tiene en cuenta el elevado nivel de vida que demostró el exalcalde durante los años analizados. Sin embargo, ni la fiscal ni la juez instructora, Carla Bellini, consideraron que las minuciosas investigaciones de la policía judicial podían determinar de forma clara y contundente que Zerolo había recibido soborno por organizar una presunta trama para favorecer a estos empresarios, también imputados. No obstante, las acusaciones particulares ya han anunciado que van a recurrir el archivo provisional de la imputación de cohecho.

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