El TSJC libera a Santa Cruz de pagar 20 millones a Defensa
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una sentencia ya firme por medio de la cual exime al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de abonar alrededor de 20 millones de euros al Ministerio de Defensa por ocupar los terrenos de la batería militar de San Andrés, en la trasera de la playa de Las Teresitas.
En esta parcela de 19.000 metros cuadrados estaba prevista la construcción de un hotel para la cual el arquitecto francés Dominique Perrault había elaborado ya varios bocetos y se preveía que sólo con la explotación de este establecimiento se podía compensar el desembolso de 54 millones de euros por la compra de las parcelas del frente de la playa.
La Gerencia de Urbanismo y el Ejército iniciaron en el año 2006 el desalojo de los militares que aún residían en esta parcela y comenzó unas obras de urbanización, aunque luego tuvo que paralizarlas a la vez que lo hacía en el resto del frente después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara la compra de los terrenos.
En primera instancia el Juzgado de lo Contencioso Administrativo se había puesto del lado de los militares y les reconoció la obligación de ser expropiados e incluso a que se les abonara el 25% en concepto de indemnización.
El Tribunal estimó entonces que el Ayuntamiento habían incurrido en una ocupación ilegal de los terrenos y que la administración local actuó al margen de los procedimientos legalmente establecidos.
Sin embargo, el TSJC considera que el Ministerio intentó en varias ocasiones desprenderse de esta parcela y obtener dinero a cambio.
Además, sostiene que se trata de un sistema de ejecución privado y por lo tanto las indemnizaciones, “en ningún caso” pueden correr a cargo de una administración pública.
El TSJC estima que el Ministerio estaba integrado en la Junta de Compensación desde el mismo momento en el que estos terrenos estaban incluidos dentro del Plan Parcial de Las Teresitas y a partir de la desafectación de este suelo, llevada a cabo en el año 1998.
Mantiene el TSJC, por lo tanto, que Defensa debe reclamar a la Junta y no al Ayuntamiento la indemnización que estime conveniente. Al respecto, se indica que los propietarios que no estén integrados en este organismo no tienen derecho a reclamar una expropiación sino simplemente a que se cambie el sistema de ejecución en caso de que sea imposible, como ocurrió en este caso, llevar a cabo el proyecto ideado: la rehabilitación de la playa.
El valor del suelo en este entorno ronda los 1.000 euros por metro cuadrado para el suelo urbanizable y 600 para las zonas verdes. En principio el Estado reclamó al Ayuntamiento 800.000 euros por la parcela, ante la negativa recibida se optó por acudir a la vía civil desde donde se remitió el asunto a la contencioso-administrativa que ahora ha emitido esta sentencia que sólo podrá ser objeto de recursos extraordinarios.
