El TSJC anula la multa por los vertidos en Castillo Negro
La aparición de manchas de hidrocarburos en el entorno de Castillo Negro en Cabo Llanos no es responsabilidad directa de la Refinería. Por esta razón el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dejado sin efecto una sanción impuesta en el año 2006 por la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (Apnum) que sumaba 271.000 euros. Tanto el Juzgado de primera instancia como el TSJC después consideran que debía ser este organismo el que demostrara que Cepsa era la responsable de la aparición de los vertidos, mientras que la empresa contó siempre con “la presunción de inocencia”. Considera la Sala que el ejecutivo autónomo sólo puso sobre la mesa “inferencias y valoraciones pero no razonamientos deductivos y lógicos” que apuntaran a la responsabilidad de los vertidos.
El Tribunal sentencia que nunca se pudo probar que la Refinería en realidad cometió esta infracción, ni el origen de los vertidos ni cuándo o como lo hizo. Lo único que se demostró es que la aparición de estas manchas de hidrocarburos no venían de las conducciones de Cepsa que recorren la zona cercana al lugar sino que se correspondían con vertidos “de mucha antigüedad”. Además, el TSJC sostiene que la Refinería disponía de los mejores medios personales y materiales para hacer frente a una contaminación como la que se produjo en caso de que fueran responsabilidad suya. No obstante, se admite que efectivamente existía una alta probabilidad de que fuera la culpable de la aparición de estas manchas “pero ello no basta para una condena ni llega a desvirtuar la presunción de inocencia”. Y todo ello dado que el Apnum no pudo demostrar de forma suficientemente clara que la empresa cometió esta infracción basándose tan sólo en que Cepsa gestiona la Refinería y otros antiguos depósitos, aunque no todos eran para su uso o por el hecho de haber utilizado sus medios para recoger y reparar los vertidos.
Las manchas comenzaron a aparecer en el año 2004 en el entorno del Castillo Negro en el Parque Marítimo y desde un primer momento Cepsa negó tener nada que ver con la contaminación. En aquel entonces colectivos vecinales y ecologistas interpusieron la correspondiente denuncia ante el Gobierno de Canarias y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Una de las posibilidades que se ha barajado es que el vertido puede obedecer a la existencia de una antigua bolsa de hidrocarburos de las instalaciones que se taparon tras la cesión de suelos de la Refinería a la ciudad. En el año 2008 la Autoridad Portuaria encargó un estudio para determinar la existencia de los depósitos de este elemento a lo largo de todo el litoral pero las conclusiones del informe nunca se han dado a conocer.
