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UGT exige al Gobierno de Canarias que declare nulo el concurso de ambulancias y se encamine hacia la desprivatización del servicio

El secretario general de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos del sindicato ha registrado un escrito instando a la Consejería de Sanidad a que cumpla la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en el Parlamento para "cambiar el modelo de gestión"

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Ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC)

Ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario.

El secretario general de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT), Francisco Yanes, ha registrado un escrito en el que solicita a la Consejería de Sanidad que declare nulo el concurso de ambulancias y se encamine hacia la desprivatización del servicio.

Al igual que ya hiciera Iván Amador, el responsable de la sección de Transporte Sanitario de la Federación de Servicios Públicos, Yanes reclama al Ejecutivo regional que cumpla la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en el Parlamento para realizar los informes jurídicos y económicos que contribuyan a “cambiar el modelo de gestión” del transporte sanitario en Canarias.

En el documento expone que el procedimiento en marcha, pues ya se han abierto los sobres que contienen las ofertas económicas de las empresas licitadoras, presenta “la posible infracción de varias normas de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)” según puso de manifiesto “una de las empresas que prestan el servicio actualmente” (Aeromédica), como “los costes y los salarios de los trabajadores que debían ser subrogados por la empresa adjudicataria”.

Basándose en los escritos de Aeromédica, UGT afirma que en el anuncio de la licitación se fijaron unos presupuestos sin correlación con los costes de la ejecución material del servicio, porque ninguno de los pliegos contenía “el preceptivo desglose de costes” ni se publicó "la memoria económica de las licitaciones”, lo que contraviene la LCSP.

El secretario General de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, Francisco Yanes.

El secretario general de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, Francisco Yanes. Imagen: FESP-UGT.

A juicio del sindicato, “se produjo una deliberada e injustificada omisión de los datos”, reconociendo la propia empresa pública encargada de la licitación del servicio, Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), que no era posible realizar el desglose de costes porque no disponían de esa información. Sin embargo, posteriormente, UGT recuerda que GSC publicó una nueva licitación en la que sí introdujo los datos “que suponen el cumplimiento de los preceptos indicados”.

“Se han publicado los pliegos de la licitación sin atender a la legalidad vigente, omitiendo cuestiones que necesariamente deben recogerse. Posteriormente, los datos que faltaban aparecen sorprendentemente (aun cuando expresamente se dijo que no constaban) y en ningún momento se ha publicado la memoria económica”, sostiene Yanes.

UGT considera que al omitir los datos económicos “se puede condicionar el devenir” del concurso pues, sin esa información, las empresas “no pueden conocer el alcance real del coste de la licitación ni las obligaciones laborales y económicas que pudieran asumir con los trabajadores y trabajadoras que deberían ser subrogados por la empresa adjudicataria”.

Por todo ello, el sindicato recurrió ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública para exponer todas estas “irregularidad” pero, “lejos de suspender el procedimiento”, GSC “continuó”. Además, UGT también presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas contra el exconsejero de Sanidad del Gobierno regional, José Manuel Baltar; el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y el gerente de GSC, Luis Rodríguez Neyra, a quienes atribuye un presunto delito de prevaricación vinculado al concurso.

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