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Zerolo dice que la nota hallada por Garzón “se refiere a CC”

El todavía senador de Coalición Canaria insiste en su inocencia al ser llamado a declarar por el Tribunal Supremo junto al empresario Pérez Labajos

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Miguel Zerolo deja el Senado y la militancia en Coalición Canaria tras ser condenado

Miguel Zerolo.

El exalcalde de de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, subrayó este viernes en Madrid, tras su declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo Miguel Angel Martínez Arrieta, que la “nota confidencial de pagos” hallada en 2006 en Madrid durante un registro de la empresa Fórum Filatélico ordenado por el juez Baltasar Garzón en la que se le relaciona con la percepción de 3 millones de euros se refiere, en todo caso, “al partido político del alcalde”, pero no a él directamente como persona.
 
Asimismo el todavía senador de la Comunidad Autónoma en representación de Coalición Canaria insistió, durante el breve encuentro que tras la declaración sostuvo con un grupo de periodistas, en que no cometió cohecho ni ninguna irregularidad inmobiliaria o urbanística alguna para favorecer a la empresa Parque Marítimo Anaga, como las que se le han investigado durante seis años en la causa abierta por un juzgado tinerfeño como consecuencia de aquel registro.
 
Zerolo manifestó que, tras seis años de instrucción del caso en Tenerife, en los que el Fiscal pidió su desimputación, espera que el asunto sea próximamente sobreseído por el Supremo, si bien es posible que el Alto Tribunal ni siquiera deba pronunciarse al respecto, ya que si, tal como ha anunciado por escrito, deja el Senado a finales de año, perdería su condición de aforado y el asunto volvería inmediantamente a la Audiencia Provincial.
 
“Tras seis años de investigación exhaustiva, no hay ningún indicio que pueda atribuirme a mí ningún ilícito penal”, insistió ante los informadores que le esperaban a la salida, al tiempo que su abogado señalaba que, en el marco de las pesquisas del juzgado tinerfeño, el teléfono del político estuvo también un periodo de tiempo intervenido “sin que se encontrara ninguna evidencia que confirme que ese papel responde a la verdad”.
 
"(Estimo unos tres millones)"
 
Evidentemente no debió de ser exactamente eso lo que ha pensado todo este tiempo de “ese papel” la magistrada del Juzgado de instrucción número 5, Lucía Machado Machado, cuando abrió una pieza separada del “caso Fórum”, tras ponerla Garzón sobre la pista, y cuando remitió en 2013 el asunto al Supremo dada la condición de senador de Zerolo, al considerar que podría haber cometido un delito de cohecho. Y, efectivamente, por lo que se deduce de la documentación remitida por el juzgado tinerfeño al Supremo en 2013 en relación a “ese papel”, y que fue dada a conocer hace un año en un auto, en la citada “nota confidencial de pagos” se alude a la formación de Zerolo y se dice: “-Excelentísimo Alcalde Sr.Presidente de Santa Cruz de Tenerife, D. Miguel Zerolo: aportación económica a la formación política a la que representa (estimo unos 3.000.000)”.
 
El objetivo: favorecer la concesión administrativa de un puerto deportivo y un “club de mar”en el Puerto de Santa Cruz y la recalificación de dos parcelas de terreno en el Valle de Tahodio, para lo que era esencial modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y para ello no sólo figuraban en la nota los pagos -efectuados o por efectuar- a Zerolo o a “la formación política que representa”. También figuran otros tres “compromisos económicos” con “distintas administraciones y sus representantes políticos” que la anterior dirección de Parque Marítimo Anaga habría adquirido y que, pese a acceder a la cúpula de la empresa un nuevo equipo, ya es “imposible modificar”.
 
En concreto, se trata del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor: que recibiría el 50 por ciento del valor de una serie de las obras a ejecutar por la Autoridad Portuaria “en el ámbito de la concesión”; del presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga, con 60.000 euros a percibir el “50 por ciento en junio y 50 por ciento en diciembre de cada año”; y de la asesora urbanística Herminia Gil, de quien al parecer se valoraba su buena relación con las asociaciones vecinales y se le otorgaban 30.000 euros anuales “pagaderos en diciembre”.
 
Proyecto marítimo Anaga
 
Y aunque, por lo que parece, el empresario José Ana Pérez Labajos, había abandonado formalmente la dirección de Proyecto Marítimo Anaga, según el juzgado de instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife seguía siendo su “cabeza visible” y quien seguía reuniéndose con Zerolo.
 
Este viernes, Pérez Labajos estaba citado para declarar ante Martínez Arrieta justo después de Zerolo. Pero aunque probablemente tenga mucho que decir, prefirió no hacer declaraciones a la prensa.
 
Entre los documentos hallados en el registro ordenado por Garzón y enviados desde Madrid tras el registro de 2006 también figuraba, según el juzgado tinerfeño, un organigrama con los nombres de las personas que interesaban para el buen fin de las negociaciones con el Ayuntamiento y se señalaba con un asterisco a aquéllas respecto de las que se heredarían compromisos que “nos interesa mantener” y que significativamente coinciden con los de la “nota confidencial de pagos”: Zerolo, Suárez Trenor, Luis Celso (de la asociación de vecinos)y Herminia Gil.
 
Además, el escrito del juzgado tinerfeño señala que “hay una coincidencia temporal” entre determinadas decisiones relacionadas con el PGOU, que en algún caso fueron “contrarias a informes técnicos” y distintas reuniones entre José Ana Pérez Labajos y Miguel Zerolo.
 
Y es que según documentación intervenida por el juzgado tinefeño, tras efectuar registros en el domicilio de Pérez Labajos, hay una “clara relación de causalidad” entre varias reuniones entre éste y el entonces alcalde, en las que también habría estado presente el arquitecto José Aumente, para conseguir la reclasificación de terrenos y el que consiguieran “aumentar considerablemente la superficie edificable”.
 
El método para ello habría sido “una injustificada ampliación”del período de información pública del Avance de la Revisión del PGOU hasta el 18 de noviembre de 2004, y nuevamente hasta el 30 de noviembre de 2004, a pesar de que, según el juzgado, “no era necesaria”, ya que en el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo se había indicado que “ha ido bajando el número de alegaciones”.
 
"Mi hermana pagó con un talón"
 
Según argumenta el juzgado tinerfeño ante el Supremo, “todos estos actos administrativos y este interés personal” de Miguel Zerolo “podrían estar relacionados con una operación de compraventa de una vivienda de una promoción de José Ana Pérez Labajos realizada por Maria Angustias Zerolo Aguilar”, hermana del exalcalde, ya que, según indica el juzgado basándose en informes policiales, habría existido “una rebaja considerable” del precio, en comparación con el de mercado, de hasta un 50 por ciento.
 
Dicho inmueble ubicado en el barrio de San Andrés y denominado vivienda D-21 habría sido objeto de una reunión entre Pérez Labajos y Zerolo el 21 de septiembre de 2004 y adquirido junto a una plaza de garaje por la hermana del último por un total de 154.545, 97, según consta en escritura pública firmada en febrero de 2005. La policía habría efectuado una comparación con las demás viviendas de la ladera de San Andrés concluyendo que su valor de mercado era de 316.649 euros, a los que habría que añadir 13.492 por la plaza de aparcamiento.
 
Según indicó hoy el exalcalde a los periodistas tras su declaración ante el Supremo, “cualquiera que conozca Santa Cruz de Tenerife y el barrio de San Andrés sabe que ese precio es irreal”, al tiempo que enfatizó que su hermana “pagó 161.000 euros con un talón”. Un informe pericial encargado por un agente de la propiedad inmobiliaria concluyó que en la fecha de la compreventa el piso valía 235. 467 euros y la plaza de garaje 12.020. En total, 247.487
 
D-21 para "el jefe"
 
No obstante, para apoyar sus argumentaciones, el juzgado tinerfeño se refiere a una tabla manuscrita a la que habría tenido acceso tras un registro del domicilio de Pérez Labajos y en la que figuran todas las viviendas de la ladera de San Andrés, con su fecha de compra, fecha de escritura y precio. Sólo habría tres sin precio que no estuvieran libres, “la de Herminia, la de Juan Llamas y la de María Angustias Zerolo Aguilar”, y en ésta última no consta precio ni fecha. Además, en otro documento manuescrito titulado “Hipotecas”, sólo las C-22 y la D-21 no tienen aparejada una cantidad de dinero, aunque supuestamente ya habían sido pagadas por sus propietarios. En la C-22 aparece la inscripción “Herminia” y en la D-21, la significativa de “Jefe”.
 
Además, según la instrucción del juzgado, coincidiendo con las fechas en que Zerolo y el empresario de Parque Marítimo Anaga se reúnen, se constatan una serie de ingresos de un hermano del alcalde, Ignacio, y de una empresa de su propiedad en una cuenta de María Angustias Zerolo, un dato que le parece significativo a la instructora Lucía Machado aunque en sus declaraciones testificales estas personas eñalaran que eran consecuencia de la compra de otra vivienda en la calle María Cristina de Santa Cruz.
 
Asimismo el juzgado tinerfeño considera muy reveladora la documentación que en 2006 le envía el juzgado central de instrucción número 5, cuyo titular es Baltasar Garzón, sobre escritos remitidos por José Ana Pérez a Madrid y que habrían podido conocerse gracias al registro en Fórum Filatélico. Así, en dos de ellos reclama “una cantidad de dinero” por gastos con cargo a su propia economía” que corresponderían a Parque Municipal Anaga y existe asimismo un fax en el que llama la atención sobre la necesidad de reunirse cuanto antes con el alcalde ante la tramitación del PGOU.
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