El acceso ilegítimo al ordenador de Rosell llega a la Fiscalía
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, ha presentado este martes ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas una denuncia con el fin de verificar el acesso ilegítimo al ordenador de la magistrada Victoria Rosell.
En concreto, la denuncia solicita al Ministerio Fiscal que “se practiquen, con carácter inmediato, las diligencias necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos y, en su caso, concreción de las eventuales responsabilidades penales, con el auxilio de la Policía Judicial”.
Asimismo, se explica que esta urgencia en la práctica de diligencias se debe “a la imperiosa necesidad de depurar responsabilidades y desvirtuar la imputación genérica de actitud delictiva a la Administración Pública de la Comunidad Autonoma de Canarias, investigación que deviene indispensable para el pleno respeto de las garantías propias de un Estado de Derecho”.
En su escrito, el Gobierno de Canarias entiende, además, que es “especialmente grave que se pretenda establecer algún tipo de relación entre la rotura del disco duro de la magistrada y la información publicada por el periódico El Mundo el día 3 de diciembre, por tratarse de hechos perfectamente diferenciados e independientes entre sí”.
El Ejecutivo regional, “con el fin de avalar esta afirmación ante la Fiscalía”, ha solicitado a la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías “un informe pormenorizado en relación con la cadena de custodia del disco duro de la magistrada, desde su retirada de las dependencias judiciales, el 26 de noviembre, que será entregado a esa Fiscalía en cuanto sea emitido”.
En esta línea, explica en un comunicado que, “tras destacar la integridad y seguridad del Sistema de Gestión Procesal Atlante II, implantado en la Administración de Justicia en Canarias en el marco del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad en el ámbito de la Administración de Justicia (EJIS), gracias a un convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, en la denuncia se hace constar que es imposible encender o apagar el PC en remoto, es decir, sin encontrarse físicamente delante del ordenador, y tampoco es posible conectarse en remoto sin que el usuario que hace uso del PC apruebe primero dicho acceso”.
