El tribunal de contratos públicos anula por arbitraria la adjudicación del servicio de actividades socioculturales de la capital grancanaria
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha anulado la adjudicación del servicio de actividades socioculturales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ofrecidas en su mayoría a través de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, a la empresa Eulen tras el recurso que presentó, en su momento, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ralons Sports, Ralons Schools y Fundación Canaria Ralons. La resolución obliga al Consistorio capitalino a volver a convocar el concurso.
El pasado 23 de noviembre de 2017 el tribunal recibió un recurso presentado por la UTE contra la resolución de la adjudicación del contrato de servicio de Actividades Socioculturales, fechado el 3 de noviembre. La recurrente alegaba que se había producido “una vulneración de los principios de igualdad de trato y transparencia” y “una incorrecta aplicación de los principios de valoración” recogidos en los pliegos.
El Grupo Ralons denunció que para valorar las ofertas “se parte de una interpretación de lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) incongruente y no ajustada a derecho”. Asimismo señalaba que “los únicos medios valorables son los contemplados en el artículo 1.3 del indicado pliego y no los que se aporten para la ejecución del conjunto de contrato”.
Los recurrentes exponen que en el informe técnico del 31 de agosto de 2017 no se han valorado los pliegos, “lo que ha dado lugar a valoraciones negativas de la oferta de la UTE Ralons ” y señalan que no se le ha otorgado “un solo punto por los recursos humanos y materiales que compromete, ni computándos el número de horas de formación ofrecidas, ni dando por adecuada la oferta de formación propuesta”. Los criterios de valoracion “han sido introducidos por los técnicos municipales” y de esta forma “siempre benefician a la oferta de Eulen, S.A” (adjudicataria del contrato que se ejecuta actualmente).
En el tercer punto Ralons considera que hubo una “repercusión sobre la puntuación final de las ofertas de las irregularidades que se alegan con respecto al informe de 31 de agosto de 2017”. Sostienen los recurrentes que, “dado que la diferencia de puntuación obtenida por Eulen S.A y por la UTE Ralons (...) es de 5 puntos”, quizás “una evaluación correcta” les hubiera beneficiado y “habría podido suponer la adjudicación del contrato a su favor”.
Ante estas alegaciones, el tribunal considera que “la valoración realizada en el informe técnico de 31 de agosto de 2017 es contraria a derecho al infringir lo previsto para la misma en el PPT”. La define como “absolutamente arbitraria” y afirma que da lugar a una “ostensible vulneración de los principios de transparencia, seguridad jurídica e igualdad de trato”. Además, considera que existe una “evidente discriminación” hacia la UTE Ralons.
En la resolución, el tribunal desmiente a los técnicos municipales en cuanto a la aportación de documentación de Ralons y los acusa de no motivar sus valoraciones. “En el aspecto denominado presentación de datos los técnicos municipales concluyen que la UTE Ralons no aporta información”, explica la resolución. Y añade, que de la oferta se deduce “sin lugar a dudas” que en ella “se contempla una coordinación con la sección de Educación ” del Ayuntamiento capitalino “con frecuencia diaria y con presencia diaria del director técnico”.
Al recurso presentado por la UTE Ralons, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias ha declarado “la nulidad del procedimiento de licitación” y ha ordenado “la retroacción de las actuaciones al momento previo a la convocatoria de la licitación anulada, al objeto de que se proceda a convocar una nueva”.
Asimismo señala “que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso”, por ello “no se procede” a la imposición de una sanción.
Con esta resolución, el Tribunal determina que habrá que convocar de nuevo el concurso del servicio, que afecta a 80 trabajadores, que tienen su empleo garantizado mediante subrogación se se contrata a otra empresa. El importe de la licitación es de 970.000 euros anuales durante cuatro años.
