El colegio Iberia se concentra contra la privatización de su comedor

Padres, alumnos y trabajadores del CEIP Iberia protestan en Las Palmas de Gran Canaria contra la privatización de su comedor.

Macame Mesa

Las Palmas de Gran Canaria —

Decenas de padres y trabajadores del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Iberia de Las Palmas de Gran Canaria han protestado este martes contra la resolución del Gobierno de Canarias por la que se retira el personal de auxiliares de comedor de su centro, lo que según denuncian supone la privatización del servicio.

El presidente del Consejo Escolar del colegio, Alfredo López, reivindica que la Administración regional haya decidido cambiar de forma “unilateral” el modelo de gestión del comedor, que hasta la fecha es mixto, es decir, la concina es externa y el personal auxiliar pertenece a la Consejería.

La decisión del Gobierno autonómico de suprimir a estos trabajadores de cuatro colegios de las dos provincias canarias (entre los que se incluye el CEIP Iberia), responde a su intención de trasladarlos a otros centros que han visto incrementada la cuota cero. Sin embargo, Alonso subraya que el Ejecutivo regional “no garantiza a dónde van a ir los auxiliares de comedor que tenemos aquí”.

Una duda que mantiene la auxiliar María Isabel Sarmiento, presente en la protesta, que desconoce dónde será reubicada y teme quedarse en paro, debido a que “nos van a ubicar en otros centros donde ha bajado mucho la ratio de comensales” con lo que “muchos de nosotros vamos a acabar otra vez en las listas, que es probable que se congelen y no se toquen”.

Algunos de los progenitores que se acercaron a la concentración mostraron a Canarias Ahora su preocupación por la medida y se quejaron del incremento de la cuota que supone para los padres. “Yo, por ejemplo, tengo dos hijas y el aumento de la cuota me llevaría, seguramente, a no poder tenerlas en el comedor. Ahora mismo estoy en el paro y sería un gasto importante para mí, lo que me llevaría a su vez a tener menos posibilidades de encontrar un trabajo, porque tendría que hacerme cargo de ellas”, puntualizó una madre.

Suspensión cautelar

López manifiesta que “no tenemos que asumir, una comunidad educativa como la del Iberia, la del colegio Alcaravaneras, El chapatal o Camino Largo, el impuesto revolucionario de Mendizábal para esas situaciones sobrevenidas”. Motivo por el que exige la suspensión cautelar de la resolución hasta que “se revisen los números” y se lleve a cabo una reconversión de todos los modelos de comedores en Canarias.

“Llevamos negociando con la Consejería desde hace cuatro meses, pidiéndoles que ese modelo de comedores se regularice para toda Canarias por igual, que no puede haber familias que, dependiendo de tener a su hijo en un modelo de gestión directa, mixta o privatizada, paguen diferente dinero”, apostilla.

A pesar de que 20 familias pidieron la cuota cero en el CEIP Iberia, solo una la posee, por lo que la contratación privada de personal externo supondría un incremento de unos 17 euros por comensal, a los que habría que sumar, en principio, los 54 euros que cuesta el servicio para los denominados grupos familiares 'A'- con mayor renta- mientras que a las categorías 'B' y 'C' recibirían una subvención de 0,52 céntimos.

López señala que los padres de los alumnos tienen previsto acudir a contencioso administrativo para pedir recurso amparo y la paralización cautelar de la resolución, ya que consideran que están perdiendo derechos.

Actualizar los umbrales de renta

El presidente del AMPA del colegio, Gilberto Vega, señala que la Consejería decidió quitar los auxiliares de comedor a los centros con mayor número de progenitores englobados en el grupo 'A', es decir, que cobran desde unos 15.000 euros brutos al año, “con los que para ellos eres rico”. Motivo por el que advierte de la necesidad de actualizar unos umbrales de renta que califica de “desfasados”, ya que de los 391 alumnos del centro, 170 pertenecen a familias 'mileuristas' que escasamente llegan a final de mes.

A su juicio, una familia que recibe esa cantidad bruta al año “está más cerca del umbral de la pobreza que de ser solvente. El problema es que está siendo equiparado a alguien cobra entre 70.000 o 90.000 euros. Están en el mismo nivel y eso es injusto”.

Por su parte, la presidenta de la Federación de AMPAs de Gran Canaria, Alicia Reyes, denuncia que la decisión de la Consejería de Educación “no es lícita” y “genera una absoluta discriminación, porque supone que una familia con una mejor situación socioeconómica, puede pagar menos cuota de comedor que otra del Colegio Iberia”.

Reyes asegura que “hay soluciones” para evitar la privatización de los comedores escolares, como la plateada por distintos municipios de cambiar la cuota cero por rentas familiares, o dar acceso a los centros a voluntarios pertenecientes a las ONGs.

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