El Consejo Social de la ULPGC pide “altura de miras” para que la nueva Ley Universitaria no sea “una ocasión perdida”

“España no puede perder esta oportunidad para actualizar su sistema universitario público, en el que es imprescindible un amplio consenso parlamentario para mejorar el proyecto de Ley y responder a las exigencias de presente y de futuro”. Así se expresó el presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Ángel Tristán Pimienta, en el pleno extraordinario celebrado este jueves para valorar el informe del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas sobre el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

En primer lugar, Tristán Pimienta expuso que este anteproyecto, en líneas generales, “lejos de acercarse a Europa se aleja. Esta debe de ser una ley de la sociedad para la universidad, que le permita asumir con garantías y quizás la principal sea la estabilidad y los grandes retos que la ciencia y Europa tienen por delante”. Además, manifestó que “un objetivo ineludible” es la convergencia con Europa y, sobre todo, con los países más avanzados en las reformas universitarias. “Hay que ir en la misma dirección que la Unión Europea y no en dirección contraria”, manifestó.

En su intervención recordó que el 29 de noviembre de 2021 se presentó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas un trabajo desarrollado por la OCDE, titulado Hoja de ruta para la mejora de la transferencia y de la cooperación entre ciencia pública, universidades y empresas y sus conclusiones fueron “un punto obligado de arranque para cualquier reforma. Fue el propio Gobierno español, a través de sus ministerios de Ciencia e Innovación y de Universidades, el que pidió a la Dirección General de Reformas Estructurales de la Unión Europea un informe. La Unión Europea, en un proceso competitivo, lo encargó a la OCDE y participaron cerca de 100 personas e instituciones”. 

Algunas de estas conclusiones, en su opinión, pueden servir de brújula. “La gobernanza de las universidades deja hoy en día poco margen a la sociedad para participar en la definición de sus misiones. Deberían emularse las reformas abordadas en países europeos que han dado voz, de manera efectiva, a actores externos en la planificación estratégica de la universidad, incrementando sus niveles de autonomía institucional y la rendición de cuentas”.

Sobre los Consejos Sociales, Ángel Tristán manifestó que hay que “fortalecer de manera real su papel y sus capacidades para garantizar que cuenten con suficientes recursos y autonomía para cumplir las funciones que tienen adquiridas”.

En su opinión, “el carácter único del sistema de participación y representación en el modelo de gobernanza universitaria en España sitúa a la universidad española en una situación de desventaja para responder a los retos sociales y económicos actuales”. Sobre la nueva gobernanza dijo que en las universidades hay suficientes informes que van en la misma dirección y  “en algunos se habla de la excepción española casi como una burbuja”.

Tristán Pimienta citó dos estudios recientes de gran valor, uno de ellos, La reforma de la gobernanza en los sistemas universitarios europeos, que analiza y compara, entre ellos y con España, los casos de Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal, y entre sus conclusiones expuso que “en todos los países se aprecia un elevado grado de implicación de personas externas a la universidad en su gobierno, generalmente en consejos de supervisión o administración con un núcleo de competencias común: aprobación del presupuesto y su liquidación, aprobación del plan estratégico y designación del rector”.

En este informe se observa también que, del mismo modo que ha aumentado la autonomía de las universidades en la gestión de sus recursos, se ha incrementado al mismo tiempo el control por parte del Gobierno, a través de sistemas de indicadores y acuerdos de financiación por objetivos. “El tamaño de los órganos de gobierno se ha reducido y, entre ellos, los órganos equivalentes al claustro o senado. Como regla general, el rector es designado por el órgano de gobierno, y en algunos países, los decanos son designados por el rector”, explicó Ángel Tristán.

Respecto a un reciente documento de la CRUE,  la monografía 2021 sobre los Órganos de gobierno y representación en la Universidad: análisis en el contexto europeo,  dijo que también se abordan estas cuestiones. “Todos los informes recomiendan la reducción y redimensionamiento de órganos colegiados y  aconsejan la creación de un Órgano Principal de Gobierno (OPG), dejando al claustro como órgano de consulta y de opinión, tanto para cuestiones académicas, como para líneas estratégicas de acción”.

Coincidiendo con las manifestaciones del presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, Antonio Abril, y el comité ejecutivo y la asamblea, Tristán Pimienta considera también que “el anteproyecto de la LOSU puede ser una nueva oportunidad perdida, puesto que sigue sin abordar la transformación del actual modelo de gobernanza  universitaria”.

La máxima autoridad académica podría ser elegida de manera directa o indirecta o bien ser nombrada por el nuevo OPG, sin embargo, “el proyecto Subirats no solo no contempla ninguna de estas recomendaciones, sino que agrava la situación creando más órganos y aumentando el tamaño de los existentes. Si la inmensa mayoría de los informes de los últimos años consideran que la gobernanza, en el sistema universitario español, está desfasada y es un anacronismo, una burbuja a punto de estallar, en esta actualidad extremadamente dinámica y competitiva, los problemas de fondo lejos de entrar en vías de solución no sólo se mantienen, sino que se agravan”. 

Recordó que el profesor Castells contemplaba dos fórmulas alternativas para la elección de los rectores: la elección directa por sufragio universal, como es actualmente, y la elección “mediante un órgano específico” que fundiría en la práctica al consejo de gobierno y al consejo social: el 50 por ciento de sus miembros (20 a 30) sería PDI, el 1 por ciento, estudiantes, el 10% al PAS y el 30% a personas externas de reconocido prestigio académico, cultural, social, empresarial o institucional“.

Tristán Pimienta añadió que la Ley Subirats, en su redacción actual, sería “una permanente fuente de conflictos dada su característica asamblearia y el poder cruzado de sus fuerzas internas”. Y destacó que para el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, “nos encontramos con un anteproyecto que no va a servir para lograr la universidad excelente que España necesita, capaz de dar respuesta a los requerimientos de un servicio público de educación superior en el siglo XXI”.

El presidente del Consejo Social de la ULPGC recordó que  el Estatuto de Autonomía de Canarias contempla importantes competencias en materia universitaria y que la Ley de Consejos Sociales de esta Comunidad Autónoma sigue siendo “la más avanzada de España”, tanto en lo relativo a la autonomía frente al órgano gestor del gobierno universitario, como en cuanto a las mayores competencias de control interno en el marco de la ley orgánica, como ha reconocido el Tribunal de Cuentas de España que nos ha puesto como ejemplo nacional. “Confiamos en que la Comunidad Autónoma siga empeñada en el objetivo de que las universidades públicas den el gran salto adelante hacia Europa, dijo en su intervención”.  Y recodó el artículo 134 del Estatuto de Autonomía, que es una Ley Orgánica, contempla, en su apartado b), que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, el régimen jurídico de la organización y el funcionamiento de las universidades públicas incluyendo los órganos de gobierno y representación, entre otras muchas competencias universitarias, por lo que esto es un motivo para mantener la confianza”, manifestó Tristán Pimienta.