Los Consejos Sociales aúnan fuerzas para impulsar una nueva Ley Orgánica de Universidades

Los Consejos Sociales han acordado impulsar una nueva Ley Orgánica de Universidades. Expertos del ámbito nacional e internacional han analizado en Las Palmas de Gran Canaria los retos del sistema universitario español para adaptarse al nuevo entorno competitivo. Consideran que se debe colocar a la universidad en el primer plano de las preocupaciones sociales y se pongan en marcha “profundos cambios”.

La Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS), -que aglutina a los Consejos Sociales de las universidades públicas y a los consejos y patronatos de las universidades privadas- se clausuró este este viernes con las jornadas Los retos inaplazables del Sistema Universitario Español: Nueva Gobernanza, Reputación, Internacionalización y Compliance.

En ella, el presidente de la CCS, Antonio Abril Abadín, ha recordado la importancia del compromiso del Gobierno con la nueva Ley Orgánica de Universidades y de la unidad de los agentes sociales para impulsar dicha reforma. Sus elementos esenciales configuran el Manifiesto de Maspalomas, un documento de siete puntos que se ha presentado durante las Jornadas.

La Conferencia pide que se coloque a la universidad en el primer plano de las preocupaciones sociales y se pongan en marcha “profundos cambios” para que “pueda desplegar todo el potencial innovador que tiene” y responda a las demandas reales de la sociedad.

Pablo Martín, subsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades, ha apuntado la necesidad de una educación superior de calidad para el impulso de la economía española y ha asegurado “que tenemos que seguir trabajando para continuar con la mejora del sistema”.

El presidente del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán Pimienta, ha destacado la necesidad de impulsar la internacionalización y cuidar la reputación de la universidad “porque no podemos estar seguros de que no nos va a pasar lo que ya ha ocurrido en otros sectores”.

Por su parte, Ciro Gutiérrez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias, ha señalado el “obsoleto marco legal” como elemento que se debe corregir para impulsar el cambio que la universidad necesita.

En la clausura también han intervenido José María Sanz, vicepresidente de la CRUE y Francesc Solé, vicepresidente de la Fundación CYD.

Antes del acto, José María Sanz, ha descrito los retos inaplazables del sistema universitario español. Entre ellos, subrayó la necesidad de incrementar y diversificar la financiación; mejorar la gobernanza universitaria; selección, atracción y retención de talento y mejorar la empleabilidad de los egresados.

Para afrontarlos, incidió en la necesidad de desarrollar una estrategia nacional de largo plazo para la educación superior coordinada con la estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación y ha abogado por el consenso de agentes políticos y sociales para impulsar una nueva Ley Orgánica de Universidades.

Este viernes también se habló de la gestión responsable -compliance- en el ámbito de la educación superior. Alain Casanovas, responsable de Legal Compliance en KPMG España, ha destacado que se trata de un tema que figura en la agenda de instituciones educativas desde hace años.

“Las anglosajonas -ha apuntado- llevan ventaja, pero estamos acortando distancias a una velocidad vertiginosa”. En su opinión, compliance no se limita al cumplimiento de las normas obligatorias, sino también de aquellas que no lo son, vinculadas a ética y valores. “No consiste en vigilar; tiene que ver con cultivar la integridad de las personas para que no sea necesario controlarlas”.

En las Jornadas han intervenido, entre otros, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, el director general de la Agencia de Acreditación de la Calidad Alemana, Iring Wasser, el director del Centro de Investigación en Políticas de Educación Superior de Portugal, Pedro Nuno, el coordinador del Informe CYD, Martí Parellada, el vicepresidente de Relaciones Externas y Reputación de la Universidad de Manchester, Alan Ferns, y el consejero del Tribunal de Cuentas y presidente de su Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro.