Las defensas piden la nulidad del caso Eólico y cuestionan la instrucción del juez Parramón
Las defensas de los acusados del caso Eólico han vuelto a solicitar hoy la nulidad de todas las actuaciones judiciales ante las diversas irregularidades del proceso, durante una vista celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y los otros cinco imputados en la presunta trama de corrupción en el concurso eólico de 2004, han reiterado sus quejas sobre la instrucción del caso.
Asimismo, han cuestionado los argumentos expuestos por el magistrado que presidirá el jurado, Ignacio Marrero Francés, en el auto que desestimó las cuestiones previas planteadas.
Las defensas insisten en que se han producido diversas irregularidades, entre ellas, una supuesta parcialidad del juez, y que se han vulnerado derechos fundamentales, como el derecho constitucional de los acusados al secreto de las comunicaciones con las escuchas telefónicas y la intervención de correos electrónicos que se practicó durante la instrucción.
La Fiscalía pide siete años de cárcel contra Celso Perdomo por delitos de violación de secretos, cohecho y malversación; tres años y medio de cárcel para su novia, Mónica Quintana, por malversación y cohecho; dos años de cárcel para el funcionario Honorato López; y un año y medio de cárcel para los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel por cohecho.
En este procedimiento penal, se dilucida si existió una trama dentro de la Dirección General de Industria del Gobierno canario para favorecer a determinados empresarios en el reparto de las licencias eólicas del concurso de 2004 a cambio de sobornos.
Al igual que hicieran en las cuestiones previas, las defensas de los acusados insisten en cuestionar al juez que instruyó el caso, Miguel Ángel Parramón; denuncian que la Policía calculó en qué momento denunciaba los hechos para que fuera él quien se encargara del caso y se quejan de que, en estos años, se han vulnerado sus derechos constitucionales de defensa.
Durante su intervención, la Fiscalía se ha ratificado en sus posiciones, ha asegurado que gran parte de las alegaciones ya han sido respondidas por la Audiencia de Las Palmas y ha solicitado que se desestime el recurso de apelación de las defensas.
El Gobierno de Canarias, que anuló el concurso ante la sospecha de fraude, está personado en este procedimiento como acusación particular y se ha adherido a las tesis de la Fiscalía
