Las listas de espera y el negocio de la sanidad privada en Canarias
“Tendencia a la privatización y gestión ineficaz de los recursos de la Consejería de Sanidad”. Los sindicatos CCOO. UGT e Intersindical Canaria coinciden en el diagnóstico de las causas del aumento de los pacientes en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas en las Islas.
El Servicio Canario de Salud hacía públicas el pasado viernes las últimas cifras de los pacientes que engrosan las listas, en respuesta a una pregunta parlamentaria del socialista Juan Carlos Alemán, formulada por primera vez el pasado 7 de julio, Un total de 20.620 personas aguardan a una intervención quirúrgica en el Archipiélago (en el último semestre de 2008 eran 20.495), mientras que 14.673 están a la espera de que les sean practicadas las pruebas diagnósticas (5.418 personas más que a final de 2008).
El crecimiento de las listas de espera en Canarias responde, según las principales fuerzas sindicales de las Islas, a la tendencia ideológica del gobierno regional, en lo que consideran un claro intento de “privatizar los servicios estratégicos de la sanidad”.
De esta forma, las fuentes consultadas señalan que el 90% de los pacientes que ingresan en las clínicas privadas lo hacen a través de conciertos con la sanidad pública. Unos conciertos que en 2008 representaron un gasto de 233 millones de euros a las arcas del ejecutivo canario, que se tradujeron en unos beneficios de 214 millones para el sector sanitario privado. Los fondos destinados a los conciertos con la sanidad privada aumentaron un 20% con respecto al año anterior.
Desde 1999, el gasto de la Consejería de Sanidad en la derivación de pacientes a entidades privadas para la realización de intervenciones quirúrgicas asciende a 1.119 millones de euros, según los datos que maneja la Federación de Salud de Intersindical Canaria, que atribuye al “crecimiento desorbitado de los conciertos” el ratio de camas por habitantes en las clínicas privadas en las Islas, que se sitúa en 14,30 por cada 10.000, frente al 6,88 que marca la media del Estado.
“Elemento parasitador” del servicio público
Bernardo Medina, portavoz de Intersindical Canaria en la materia, considera que el sector sanitario privado se ha convertido,en un “elemento parasitador” del servicio público, ingresando “más del 31%” de los procesos agudos financiados por el Servicio Canario de Salud y realizando “un tercio” de las intervenciones quirúrgicas.
En la misma línea se manifiesta Luis Brito, responsable de Sanidad de UGT, que denuncia “los intereses creados para favorecer a los amigos de turno en las clínicas privadas”, poniendo como ejemplo el caso del Hospital de Meloneras en el sur de Gran Canaria, donde “la Consejería de Sanidad tuvo que ir al rescate tras un extraño concierto realizado por cargos del PP, que invirtieron pensando que era un gran negocio cuando iba derecho a la quiebra empresarial”.
Por su parte, José Alonso, de CCOO, alerta de la derivación de los servicios punteros al sector privado, otorgándole “la dirección estratégica” de la sanidad en las Islas y permitiendo el flujo de pacientes a las clínicas privadas a costa de “decrecer los servicios ofrecidos por la pública”.
Duplicación de turnos
Alonso recalca que al “proceso privatizador” hay que sumarle la “horrorosa gestión” de la Consejería que rige la popular Mercedes Roldós. Según el Secretario General de Sanidad de CCOO, determinadas especialidades médicas podrían permitir una duplicación de turnos -mañana y tarde- para agilizar los procesos, algo que se le antoja imposible tras el recorte de 90 millones anunciado en septiembre por el Consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria.
Luis Brito cifra en un 70% el ahorro que le supondría en conciertos a la Consejería la duplicación de los turnos para consultas externas y operaciones quirúrgicas. El responsable de UGT discrepa de los datos oficiales publicados por la Consejería de Sanidad, al considerar que la cifra de pacientes que engrosan las listas de espera es un 30% superior.
Además, denuncia el trato discriminatorio que, a su juicio, ejercen en las clínicas privadas sobre los pacientes derivados de la Seguridad Social. Una opinión que Brito comparte con Bernardo Medina, para quien no se ponen las medidas oportunas desde la administración pública para garantizar una “equidad, calidad y seguridad” en los servicios ofrecidos a los pacientes.
