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Aprovechó el accidente de Spanair para robar a un familiar herido

La prima de una de las víctimas se quedó con casi 6.000 euros al ir a buscar el equipaje de los accidentados

El Supremo ratifica dos años de cárcel y la devolución del dinero más los intereses a sus familiares

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El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a una ciudadana a dos años de cárcel y al pago de 5.765 euros por haber cometido un delito de apropiación indebida. Pero no uno cualquiera, sino que en este caso el robo se llevó a cabo durante las jornadas que siguieron al accidente del avión de Spanair que tuvo lugar en Madrid el 20 de agosto de 2008. Entre las víctimas del accidente se encontraba un matrimonio cuyo marido murió mientras que la esposa y el hijo sufrieron graves daños y tuvieron que ser ingresados en un centro hospitalario.

Una vez ocurrida la tragedia, los efectivos de la Guardia Civil se encargaron de tareas como la recuperación de los equipajes de los viajeros, su identificación y entrega a los familiares que representaban a las víctimas. La guardia civil consiguió así localizar una bolsa de mano y un bolso de viaje que pertenecía a esta familia. En uno de ellos se encontraron 42 billetes de de 50 euros, en el otro 45 billetes de 50 euros, dos de 500, cuatro de 20, diez de diez y siete de cinco. En el cadáver del fallecido se halló también un sello y una alianza dorada, una foto y dos billetes de 50 euros.

Pues bien, el día 2 de septiembre un agente de la policía judicial del servicio fiscal y aeroportuario que la Guardia Civil tiene en el aeropuerto de Barajas, entregó a la ahora condenada el dinero y los efectos referidos. Hasta allí se había personado en calidad de prima de la esposa del fallecido y con el compromiso de entregar luego las pertenencias a ésta y a su hijo en cuanto se recuperaran. Sin embargo, la prima se quedó con todo el dinero y, además, varios objetos por valor de unos 100 euros, entregando los restantes a la madre de la accidentada, su tía.

A partir de aquí se inició una batalla judicial que en la Audiencia Nacional se saldó con la imposición de una pena de dos años de cárcel y una multa de 6.665 euros, más los intereses legales. Ella se defendió alegando que nunca hubo un certificado en el que se asegurase que las bolsas que se le entregaban guardaran dinero y que tampoco fue informada de ello. En el Supremo no corrió mejor suerte, simplemente se le rebajó la cantidad a pagar en 900 euros,hasta situarse en 5.765 que se corresponde a la cantidad sustraída.

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