El Gobierno de Canarias celebra que la justicia entre a resolver el caso Mascarillas mientras la oposición pide explicaciones

El diputado del Partido Popular Fernando Enseñat ha pedido explicaciones al Gobierno canario por el pago de cuatro millones de euros por la compra de unas mascarillas que no se recibieron nunca y por qué el Ejecutivo en vez de ir a la Fiscalía optó por dar “una segunda oportunidad” a la empresa con otro contrato.“Creemos que es una situación muy grave. Tenemos respeto máximo a la Justicia, pero el presidente Torres tiene que explicar qué ocurrió en el Gobierno de Canarias cuando todos los canarios estábamos encerrados y cómo se pagó cuatro millones de euros que desaparecieron sin entregarse unas mascarillas que hacían mucha falta”, ha declarado el diputado popular.

A su juicio, las acusaciones son “suficientemente graves” para que salga a dar explicaciones no solo el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, sino el presidente canario, Ángel Víctor Torres y dilucidar “qué medidas se van a seguir a partir de ahora”.

Este martes, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el responsable de la empresa RR7 United, Rayco Rubén González, y el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, por apreciar indicios de que en esa operación se cometieron delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales.

Enseñat ha agregado que su grupo parlamentario ha presentado una batería de preguntas para que les aclaren “dónde está el dinero, dónde están las mascarillas, por qué se paga el dinero a una empresa sin experiencia en gestión sanitaria y saber quién dio las órdenes”.

“Cuando tengamos toda esa información comunicaremos las siguientes acciones, como una posible comisión de investigación en el Parlamento de Canarias”, ha concluido Fernando Enseñat.

Por su parte, el diputado de Coalición Canaria-PNC José Alberto Díaz ha defendido que la presunta estafa al Gobierno de Canarias ocurrió porque “alguien lo ha permitido y luego lo ha ocultado”.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento de Canarias, Díaz ha opinado que es “sonrojante” que el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres (PSOE), no haya dado explicaciones sobre este asunto “especialmente después de lo rápido que pidió explicaciones en el caso de las mascarillas de Madrid, que ni le iba ni le venía”.

De este modo, Díaz ha acusado al Gobierno de no dar explicaciones “medianamente razonables” sobre quién o por qué realizó ese contrato ni por qué no se controló la devolución del dinero.

“Habrá que ver si ahora frente a la Fiscalía dan las explicaciones que no han dado en el Parlamento”, ha criticado el diputado de CC, que ha calificado la actuación del Ministerio Público como “un paso lógico dentro de la triste historia de esta estafa a la comunidad autónoma y a todos los canarios”.

Díaz ha señalado que “nadie entiende” por qué el contrato se hizo con esa empresa ni por qué nadie pidió las garantías de solvencia técnica.

“Los cuatro millones se han convertido en cinco con los intereses tras dos años”, ha añadido el diputado tinerfeño, que ha recordado que el recorrido de la querella viene de lejos y que la primera sospecha fue “una denuncia de un particular y la dimisión de la directora de Recursos Económicos del SCS”.

Díaz ha opinado asimismo que “no se trata solo de que haya habido alguna estafa puramente económica sino si además hubo algún tipo de aquiescencia, bien por descuido o por voluntad, y en ese caso si alguien sacó provecho económico”.

“Mala previsión, mal control y absoluta falta de transparencia en la gestión del Gobierno de Canarias”, ha resumido.

“Colaboración máxima” del Gobierno de Canarias

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez (NC), ha dicho que espera que las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo por el caso Mascarillas sirvan para recuperar el dinero. “Espero que esto contribuya a recuperar las perras. La empresa se llevó cuatro millones y no prestó el servicio, así que lo tiene que devolver”, ha señalado Rodríguez.

Rodríguez, preguntado por si alguien debería asumir responsabilidades dentro del Gobierno, ha hecho hincapié en la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, así como a la “jerarquía”.

Rodríguez ha insistido en la “colaboración máxima” del Gobierno canario con el procedimiento para contribuir al objetivo de recuperar el dinero, que es lo que, según ha dicho, “le inquieta”.

“El Gobierno agotó todas las vías posibles”

La diputada de Sí Podemos María del Río ha opinado este miércoles que el Gobierno de Canarias agotó todas las vías posibles antes de emprender la judicial, a la que finalmente no recurrió.

Del Río ha aseverado que hay que esclarecer al máximo todo lo que ha pasado partiendo desde la presunción de inocencia, pues desde este grupo entienden que se debe llegar hasta el final con la máxima transparencia posible y saber que pasaron con los cuatro millones “que fueron triturados”.

Según del Río, hay alguien que no hizo bien su trabajo y hay que saber quién ha sido y llegar hasta el final para que vuelvan los cuatro millones a las arcas públicas.

Preguntada sobre si el presidente, Ángel Víctor Torres (PSOE), debería dar explicaciones, ha señalado que no tiene por qué tener más conocimiento sobre este tema y que ya a nivel político se ha explicado.

Ha recordado que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo (PSOE), habló sobre el caso mascarillas en el Parlamento y dio explicaciones, a su juicio, “razonables”.

No obstante, ha insistido en que el dinero tiene que aparecer y tiene que haber algún responsable, por lo que ha dicho que le parece bien que se siga investigando y se conozca “hasta el último detalle”.

Sobre una comisión de investigación respecto a este asunto en el parlamento ha indicado que no la ve porque la Cámara “tiene mucha menos capacidad” que la Fiscalía Anticorrupción. 

También el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha afirmado que está convencido de que el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, tomó decisiones ajustadas a derecho, si bien ha pedido que se deje trabajar a la justicia.

“Conozco a Corado Domínguez como director del SCS y es un gran profesional que en su día tomó las decisiones que estoy completamente seguro de que son ajustadas a derecho”, ha manifestado Curbelo.

Ha aseverado que le alegra “que estas cosas se aclaren”, porque algunas personas actúan “para hacer daño a otros”, entre ellos a Conrado Domínguez, a quien ha dicho que conoce.

Asimismo, ha señalado que “la política en algunos casos se hace sin sentido común”, pues hay “algunos” que utilizan cualquier cosa para hacer política y erosionar al adversario político ante las próximas elecciones.