Los indígenas canarios, una pieza de la pugna entre Castilla y Portugal
A mitad del siglo XV los indígenas de Gran Canaria y Tenerife prometieron vasallaje al señorío de las islas de Canarias, dependiente de la Corona de Castilla, en lo que pudo ser una estrategia de los señores castellanos del Archipiélago para reivindicar su posesión frente a Portugal.
Estos hechos han sido precisados en su cronología el investigador Antonio Marcos López, que es especialista en I+D+i en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha publicado la obra Los pactos indígenas de Gran Canaria y Tenerife. Una revisión cronológico-contextual.
En ella trata de precisar la cronología “para encajar las piezas del rompecabezas”, pues este es un periodo histórico poco conocido y muy complejo, señala el investigador en una entrevista a Efe.
La cronología es “fundamental” y una asignatura pendiente de la historiografía en Canarias, ya que el estudio a fondo de la parte documental “se ha descuidado bastante” y por ello sería necesario “tratar de desenredar” en las fuentes históricas.
López se refiere en su obra, que publica Le Canarien Ediciones, a la existencia de al menos tres pactos de vasallaje entre los nueve menceyes de Tenerife y los dos guanartemes de Gran Canaria con Diego García de Herrera y su esposa, Inés Peraza, que era la titular del señorío.
Fueron celebrados antes de la Conquista promovida por los Reyes Católicos y reciben los nombres de Acta de Las Isletas, firmada en Gran Canaria el domingo 16 de agosto de 1461; Acta del Bufadero, Tenerife, sábado 21 de julio de 1464, y Acta de Zumeta, Lanzarote domingo 11 de enero de 1476.
De las tres sólo se conserva una copia oficial actualmente mutilada del Acta del Bufadero aunque esta ya fue transcrita al completo por el historiador y genealogista Juan Núñez de la Peña a finales del siglo XVII, mientras que de las otras dos dan testimonio el licenciado Luis Melián de Betancor y fray Juan de Abreu Galindo.
Las dos primeras actas aluden al pacto de vasallaje que piden Herrera y Peraza a los indígenas a cambio de delegarles la gobernación de las islas y además en el caso de Tenerife cada mencey debía enviar a los señores nueve esclavos y entregarles toda la producción de orchilla, liquen utilizado para elaborar el color púrpura.
En ese momento Portugal y Castilla pugnaban por el control del Atlántico y de hecho en 1464 el rey castellano Enrique IV había cedido el derecho de conquista de las islas insumisas -Tenerife, Gran Canaria y La Palma- a dos condes portugueses.
López sostiene que con los dos primeros pactos suscritos con los indígenas la familia Herrera-Peraza quería reivindicar su señorío no sólo ante Portugal, sino ante la propia Corona de Castilla contra la cual de alguna manera se rebelaron porque la concesión a Portugal perjudicaba sus intereses.
De hecho, cuando años más tarde los Reyes Católicos expropiaron a los señores del derecho de conquista sobre las islas insumisas se redactaron cartas en las que los monarcas de Castilla piden a Diego de Herrera que averigüe quiénes de entre sus súbditos estaban ayudando a los portugueses, cuando probablemente se trataba de él mismo.
Cuando en 1468 Enrique IV revocó su propia concesión, los portugueses enviaron a Canarias al capitán Diogo Da Silva, quien atacó y destruyó las tierras de los Herrera-Peraza y éstos huyeron a Famara en Lanzarote y sin embargo, luego decidieron casar a su hija mayor con el portugués para garantizar una posible alianza con el Reino luso, una prueba de que “jugaban a dos bandas en todo momento”.
En cuanto a la tercera acta, la de Zumeta, Abreu Galindo es el único que la menciona y para Antonio López es distinta a las otras dos y más “misteriosa”, pues alude a que diez indígenas de Gran Canaria se trasladaron a Lanzarote a pedir perdón por haber destruido la Torre de Gando, la fortaleza que habían hecho construir los señores.
Según Abreu Galindo el acta de Zumeta se firmó el domingo 11 de enero de 1476, pero Antonio López subraya que a finales de ese mismo año los Reyes Católicos ordenaron abrir una investigación para dilucidar si la isla de Lanzarote pertenecía a la Corona de Castilla por dominio realengo o por intermediación del Señorío.
Esta investigación se conoce como la “Pesquisa de Cabitos” por el apellido del juez que realizó la indagación y en ella se atestiguaba que la Torre de Gando seguía en pie, algo difícil de “compaginar” con el acta de Zumeta.
Incluso años más tarde la propia Inés Peraza declaraba en su testamento que aún quedaban rehenes en Gran Canaria, es decir, que no había habido intercambio, como se decía en el documento de Zumeta.
Ello ha llevado a pensar que esta acta era una invención o una falsificación de Diego de Herrera o de sus sucesores para reivindicar su derecho sobre las islas, pero López defiende en su obra que en realidad se trata de un error en la cronología y, por tanto, en el contexto histórico de los hechos.
