El Instituto Canario de Igualdad pide aclarar el trato a las abogadas en la cárcel
El Instituto Canario de Igualdad pedirá explicaciones a Instituciones Penitenciarias sobre la exigencia de que las abogadas se quiten el sujetador al acceder a la prisión Las Palmas II aduciendo razones de seguridad y sobre qué justifica esa medida, que ha provocado “alarma” en ese organismo.
Investigar si esa medida, que, “a priori, resulta bastante llamativa”, tiene razón de ser y “se ajusta a criterios de proporcionalidad” es la finalidad de la iniciativa de dicho instituto, dependiente del Gobierno Autónomo, según ha anunciado su directora, Elena Máñez.
Una autoridad que conoció este martes por los medios de comunicación la denuncia pública de varias integrantes de la plataforma Abogados por el cambio que acusan a los responsables de Las Palmas II de trato vejatorio y discriminatorio a las letradas que acuden a esa prisión por motivos laborales al hacerles quitarse los sujetadores con aros cuando otras profesionales de la justicia no deben hacerlo.
“Ante esa noticia, me puse en contacto de inmediato con la abogada Isabel Saavedra”, portavoz de las denunciantes, ha relatado Elena Máñez, añadiendo que, después de confirmar sus reclamaciones, decidió remitir este miércoles a Instituciones Penitenciarias una solicitud de aclaración del asunto por escrito.
Con ella el Instituto de Igualdad pretende comprobar, en primer lugar, si la referida obligación es una medida general que se aplica en todas las prisiones de España y, en caso de no ser así, por qué se impone en Las Palmas II.
Además, desea que se explique si hay “elementos objetivos que justifiquen esa medida” y si es verdad que, como se deduce del testimonio de las abogadas denunciantes, “parece ser que hay una discriminación hacia las letradas respecto a otros colectivos de profesionales a las que no se les impone” la misma exigencia, ha expuesto su directora.
Quien ha anticipado que el Instituto Canario de Igualdad “tomará medidas” en caso de que fueran ciertas las acusaciones de las citadas abogadas sobre que el trato que se les ofrece en la referida prisión de Gran Canaria es discriminatorio e injustificado.
