Un juicio de faltas, antesala del 'caso Ladrillo'
El Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria celebra este jueves un juicio de faltas originado en la denuncia de un oficial del Cuerpo General de la Policía Canaria que supuestamente sufrió los insultos de un superior, durante la detención de una persona que presuntamente había quebrantado una condena.
Fuentes policiales indicaron a este medio que dicha detención se produjo en San Bartolomé de Tirajana y que la duda asaltó al oficial cuando recibió la orden de trasladar al arrestado a las dependencias policiales de la capital grancanaria, en vez de seguir el protocolo habitual y llevarlo a las instalaciones de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en el municipio.
La inquietud del policía le condujo a hablar con el inspector de Tenerife, Rafael Mesa, que ratificó la decisión y ordenó esperar a que un juez autorizara el traslado, una circunstancia que no tenía antecedentes en el cuerpo. Supuestamente, la conversación continuó hasta que Mesa terminó insultando a su subordinado, que posteriormente interpuso la denuncia.
Para las fuentes consultadas, lo acaecido supone “la punta del iceberg” y hacen alusión a una serie de motivos relacionados con el trato del mando de la Policía Autonómica a la plantilla, que pudieron impulsar al denunciante a dar el paso definitivo y dejar el caso en manos de la justicia. Dichos motivos podrían comenzar a esclarecerse la próxima semana, cuando los implicados de la denominada “operación ladrillo”, con la que también está relacionado Mesa, acudan a declarar ante el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas.
“Operación ladrillo”
El caso saltó a los medios de comunicación cuando la Guardia Civil detuvo a mediados del pasado marzo a una decena de agentes de la Policía autonómica, entre los que se encontraban Mesa y el subinspector, Carmelo Martín Sosa, tras la denuncia de un ciudadano y varios miembros del cuerpo que hicieron referencia a delitos de “mobbing”, falsedad documental y detención ilegal.
El origen del “caso ladrillo” data supuestamente de la detención de un hombre durante la última jornada de la competición oficial de murgas de la capital grancanaria, tras recibir el aviso de que podría estar traficando con drogas. Fuentes cercanas al caso señalan que los agentes encontraron que el detenido portaba una pequeña bolsa con un contenido sin identificar (posteriormente se comprobó que no era cocaína), no llevaba su documentación y ofreció presuntamente resistencia al ser trasladado a las dependencias policiales.
Una vez allí pidió el habeas corpus al considerar que había sido detenido injustamente, sin embargo le fue denegado y terminó pasando más de un día en el calabozo, debido a que supuestamente el escrito de la detención no se correspondía con la realidad. Al parecer, el informe recogía una agresión que el detenido nunca cometió y que pudo ser inducida por el superior en Las Palmas a posteriori, para justificar una actuación errónea.
Según ha podido saber CANARIAS AHORA, poco después de realizar la detención, uno de los agentes que habían participado en el servicio salió del despacho del subinspector con unas marcas en el cuello que no había mostrado al entrar. En el momento de las detenciones, trascendió en diversos medios de comunicación el afán de Sosa por tratar de justificar los resultados de la plaza que ocupa de manera provisional y la orden del juez de intervenir los teléfonos para tratar también de esclarecer si existe un posible afán recaudatorio en la labor policial.
Al ser varios los miembros del cuerpo los que denunciaron la situación, los agentes han visto empeoradas sus condiciones laborales en los últimos meses, pasando a cubrir turnos y horarios que podrían derivar, según advierten, en el “desgaste” de los policías. Una información que se agrava con la publicada este miércoles por el diario ABC, que señala que el sindicato de las Comisiones de Base (Cobas) ha enviado una comunicación al director general de Seguridad y Emergencias del Ejecutivo autonómico, Juan Manuel Santana, en la que le pide explicaciones por el cartel “intimidatorio”, afirma, que un cargo de la Policía Canaria expuso en dependencias del cuerpo de seguridad y rezaba “nada inspira mejor el perdón que la venganza”.
