Los juicios rápidos se duplican en solo un año
Los juicios rápidos se han duplicado en solo un año en la provincia de Santa Cruz de Tenerife al pasar de 4.831 en 2007 a 8.654 en 2008. Son datos de la Memoria Anual de la Fiscalía de la Audiencia Provincial que este miércoles expuso la fiscal jefe, Carmen Almendral, durante el acto de apertura del año judicial en la provincia. Esto supone un incremento de nada menos que el 79,13 por ciento.
La mayoría de las diligencias de esos juicios rápidos fueron incoadas por los fiscales en los juzgados de guardia, y dos fueron los delitos más habituales: el maltrato familiar (1.375 diligencias urgentes) y los delitos relativos con la seguridad de tráfico (2.886).
Almendral explicó que la criminalidad en la provincia tinerfeña ha aumentado en 2008 con respecto a 2007, pero muy poco, apenas un 0,60 por ciento, ya que se ha pasado de 107.963 procedimientos penales incoados a 108.616. Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico fueron los más abundantes y acumularon 41.665 diligencias previas, casi la mitad de todas las incoadas el pasado año.
Esos delitos se refieren a los hurtos y robos en todas sus modalidades, incluidos los robos con violencia o intimidación, robos con fuerza, estafas y daños, aunque han aumentado los hurtos y bajado los robos.
Maltrato y delincuencia juvenil
Otro pilar de la criminalidad en Santa Cruz de Tenerife es la violencia de género y doméstica. De las cinco mujeres asesinadas en Canarias el año pasado a manos de sus parejas o ex parejas, cónyuges o ex cónyuges, cuatro lo fueron en la provincia tinerfeña, donde se incoaron 2.441 diligencias previas además de las 1.375 diligencias urgentes antes mencionadas.
También la delincuencia y la violencia juvenil tuvieron un fuerte reflejo en los juzgados: 1.308 diligencias preliminares en la sección de menores de la Fiscalía, la mayoría de ellas por robos, hurtos, lesiones y daños patrimoniales. También por maltrato a familiares.
La fiscal jefe de la Audiencia Provincial leyó su discurso junto al presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro Miranda, y ante toda la cúpula judicial y fiscal de la provincia, además de las dos vocales para Canarias del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán y Carmen Espejel; el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, y el presidente del Parlamento, Antonio Castro.
Almendral se refirió ante ellos a las diligencias preprocesales de investigación, es decir, a las que permiten a los fiscales investigar un delito penal, al más puro estilo del Derecho anglosajón, en paralelo con la instrucción judicial. Aún son pocas (146 en todo 2008), pero todo apunta a que aumentarán conforme aumente la especialización de los fiscales en determinadas áreas.
Faltan 14 juzgados y 14 jueces
Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial, José Ramón Navarro Miranda, se refirió un año más a las carencias de jueces, magistrados, juzgados y funcionarios que hacen falta en la provincia tinerfeña para dar abasto con el abultado volumen de asuntos penales registrados.
Según dijo, cada una de las tres secciones penales de la Audiencia precisa de un cuarto magistrado de apoyo. En el partido judicial de la capital es necesario crear seis juzgados más: dos de lo Penal, dos de Primera Instancia y dos de lo Social. También hacen falta dos juzgados de Primera Instancia en La Laguna y cinco juzgados más en Arona, uno de los partidos judiciales con más movimiento de toda Canarias.
Navarro Miranda resaltó asimismo la lenta pero progresiva modernización de la Justicia, que precisa de la implantación de un sistema de gestión procesal que integre alarmas, comunicaciones telemáticas y registros administrativos.
Sin embargo, tal y como explicó, no habrá cambios sustanciales hasta, al menos, 2012, año en que se espera que esté culminado el Plan Estratégico del Ministerio de Justicia que anuncia 600 nuevas unidades judiciales, 750 plazas nuevas de jueces y 450 de fiscales. Para entonces es posible, sólo posible, que ya se hayan iniciado las obras de las nuevas sedes judiciales de Las Palmas y Tenerife.
