El 'limbo' de la Prestación Canaria de Inserción
Milton tiene 32 años, es peruano y reside en Las Palmas de Gran Canaria. El 17 de enero de 2011 cursó una instancia a la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno regional para poder acceder a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una ayuda que otorga el Ejecutivo a las personas en riesgo de exclusión social para atender sus necesidades básicas. Actualmente está desempleado, al igual que su mujer, con quien tiene un hijo de siete meses. Sus cuñados lo han acogido en su hogar y se mantiene gracias a “la ayuda de los familiares y al cheque de 100 euros mensuales de Cáritas”. La administración regional aún tramita su solicitud.
Fidelina, de 35 años, también se encuentra en este limbo, a la espera de que la Consejería resuelva su caso. Vive sola e intenta ganarse la vida “vendiendo cupones y limpiando en una casa un viernes sí y otro no”. La iglesia le ayuda con 50 euros al mes. Su hermano, asegura, estuvo 11 meses luchando para que le concediesen la PCI. Ella aguarda paciente. “En febrero a lo mejor cobro”, dice.
En cambio, Erena (32 años) ha perdido toda esperanza. Reside en el barrio de Las Rehoyas con sus dos hijos, de 2 y 10 años. Todos los meses recibe 150 euros para la manutención de los menores y una pequeña aportación de la iglesia. Solicitó la prestación hace tres años, cuando perdió el empleo que tenía tras quedarse embarazada, pero nunca se la concedieron. “Una vez, la asistenta me dijo que me la habían aprobado, pero no la cobré, al final me la denegaron. Ya ni siquiera voy cuando me llaman, lo doy por perdido”.
Según el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajos Sociales de Las Palmas, en torno al 30% de los residentes canarios vive bajo el umbral de la pobreza. La tasa de paro en el Archipiélago roza esa cifra (29,55%) y el porcentaje de desempleados de larga duración supera el 52%.
Sin embargo, la Prestación Canaria de Inserción apenas llega al 1% de las más de 650.000 personas que tienen derecho a percibirla, según los datos que maneja la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan). Además, los retrasos se han sucedido tanto en la tramitación y renovación de las instancias, que pueden demorarse hasta los siete meses a pesar de que la normativa fija un periodo máximo de valoración de cinco, como en el cobro, en una media de seis meses.
La Consejería de Políticas Sociales asegura que unas 7.000 personas están recibiendo esta cobertura básica -que oscila entre los 450 y los 650 euros-, que aún queda crédito de los 20 millones de euros consignados en los presupuestos de 2011 y que están dando respuesta a las nuevas solicitudes en un tiempo medio de dos a tres meses.
La Federación Canaria de Municipios y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajos Sociales contradicen esta versión. “Toda la información que tenemos es del colectivo de trabajadores que están a pie de terreno, que conocen la situación de las familias y que saben que no están recibiendo la PCI”, asegura David Muñoz, presidente del colegio de trabajadores sociales. “Ahora mismo, la prestación está estancada, la Consejería no tiene fondos”, confirman fuentes de la Fecam consultadas por este periódico.
El año pasado ya se vivió una situación similar. Entonces, los beneficiarios de la ayuda permanecieron más de ocho meses sin percibirla. “Ya es la segunda vez que la gente espera muchísimo tiempo para que se la haga el ingreso. La situación es alarmante. Es un dinero elemental para la subsistencia de muchas personas. Si no tienen garantizados esos mínimos, es imposible que puedan acceder a un empleo, que puedan integrarse. Al ser tan básica, no puede desaparecer ni verse congelada”, asevera David Muñoz.
Instituciones y economía sumergida
El presidente del Colegio de Diplomados en Trabajo Social de Las Palmas explica que muchas familias canarias se están agarrando a las ayudas de instituciones no lucrativas, a los comedores sociales y a la economía sumergida como tabla de salvación. “La situación es poco halagüeña. La economía sumergida está siendo un soporte vital, pero en ningún caso dignifica las condiciones de vida de una persona. Está viviendo en una situación en la que prima tener ingresos a final de mes, pero obviando toda condición y derecho que tiene el trabajador a un seguro social y a unas coberturas por la prestación del trabajo”, apunta.
Muñoz reclama una flexibilización de los criterios requeridos para optar a la PCI y recuerda que las situaciones de vulnerabilidad social han ido variando en los últimos años por la coyuntura de los mercados y la evolución del empleo. “Habría que dar cabida a más personas. El desarrollo económico y el empleo depende también muchísimo de las posibilidades de integración social. Se necesita hacer una inversión de futuro en políticas sociales. Es la única forma de prosperar”, zanja.
