Más de 32 meses a la espera del informe de una autopsia

Dos años, ocho meses y trece días. Otilia Saavedra contabiliza el tiempo que lleva esperando su familia por el informe final de la autopsia practicada a su padre, Francisco, fallecido el 17 de febrero de 2009 a los 69 años en el Hospital Insular de Gran Canaria tras un episodio de toxicidad derivado del tratamiento de quimioterapia al que se sometió después de ser intervenido quirúrgicamente para extirpar unos pólipos en el colon.

La familia presentó un día después de la muerte de Francisco una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria por lo que considera una actuación negligente de dos facultativos que atendieron a su padre en un proceso que se inició en noviembre de 2008, con un análisis rutinario que detectó la existencia de una importante anemia.

Francisco fue derivado entonces al Hospital Insular para someterse a una endoscopia que reveló que padecía cáncer de colon, motivo por el que fue intervenido de urgencia unos días después. “Los médicos nos dijeron que podíamos dar gracias porque no se le había extendido”, recuerda Otilia.

En la primera revisión postoperatoria, el médico de cabecera de Francisco le envió al oncólogo por precaución. Éste, según afirman los familiares del fallecido, les aseguro que existía un 70% de posibilidades de que el cáncer no se reprodujera, pero que un tratamiento “suave” de quimioterapia elevaría esta cifra hasta el 90%.

El primer ciclo del tratamiento preveía la toma de pastillas durante 14 días y un descanso de siete. Sin embargo, al finalizar las dos primeras semanas, Francisco presentaba “llagas en pies y manos, la piel quemada, la lengua negra, intolerancia a la luz y diarrea y vómitos con sangre”. El oncólogo les citó en su consulta al día siguiente y les comunicó que la medicación le había producido toxicidad, recetándole analgésico, anti diarreico, suero y un enjuague bucal.

Esa misma noche, según el relato de su hija, Francisco se desmayó hasta en dos ocasiones en su domicilio, por lo que fue trasladado en ambulancia a urgencias del Hospital Insular, donde decidieron ponerlo en aislamiento al comprobar que padecía una insuficiencia renal y una disminución alarmante de glóbulos blancos en la sangre.

Sin embargo, al tener las vías quemadas por los efectos producidos por el medicamento suministrado, “no consiguieron cogerle la vía” para hacerle una transfusión de sangre y lo subieron a planta.

Francisco permaneció en el hospital tres días, periodo en el que su estado de salud se fue deteriorando progresivamente. “Cuando hablábamos con la doctora, nos decía que éramos unos exagerados, que no hacía falta hacerle la transfusión”, explica Otilia, que asegura que un enfermero le llegó a decir que “no valía la pena, que por eso no lo mandaban a la Unidad de Cuidados Intensivos”.

El 17 de febrero los servicios médicos del Insular decidieron finalmente trasfundir plaquetas a Francisco, que presentaba un cuadro crítico, con grandes dificultades respiratorias. Esa misma noche, el padre de Otilia acabó sufriendo una parada cardiorrespiratoria. Las maniobras de reanimación practicadas por los galenos no lograron salvar la vida de Francisco.

''Funcionamiento anormal''

Ahora, sus familiares continúan a la espera de recibir el informe final de una autopsia que fue requerida por la juez instructora del caso un día después del fallecimiento para determinar si hubo un “funcionamiento anormal de los servicios públicos”, como denuncian la mujer y las tres hijas de Francisco.

“A día de hoy, el informe final no se ha hecho y el Hospital Insular no había entregado, hasta hace cuatro meses, la documentación requerida por el Juzgado -el historial clínico del paciente y el protocolo de actuación-”, lamenta Otilia, que exige responsabilidades al oncólogo que recetó el medicamento a su padre y a la doctora que lo atendió durante los tres días que estuvo en planta.

Los familiares, orientados por su letrado, entienden que el oncólogo pudo incurrir en una actuación negligente al no monitorizar los resultados del tratamiento que le había suministrado, “cuando tenía que haberlo hecho porque, para personas mayores de 60 años, el medicamento puede tener una serie de efectos”. Además, consideran que debió haber encargado unas pruebas diagnósticas al comprobar “los alarmantes síntomas” que presentaba Francisco cuando acudió a su consulta tras haber tomado las pastillas.

Con respecto a la doctora que supervisó el tratamiento de hidratación y analgesia en planta, denuncian su “falta de actuación” y la tardía adopción de medidas para corregir la neutropenia -disminución de los glóbulos blancos- que padecía Francisco. “Debía haberlo trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos”, afirma Otilia.

“No pararemos hasta que se haga justicia, no buscamos dinero, sino que se restituya la dignidad de nuestro padre. No lo trataron como a un ser humano”, concluye.

Fuentes del Hospital Insular han decidido no pronunciarse sobre la denuncia debido a que el caso está pendiente de resolucíón judicial.