La falta de personal y el nulo desarrollo de la ayuda a domicilio lastran la atención a la dependencia en Canarias
Solo 50 personas se encuentran actualmente tramitando las solicitudes de ayuda a la dependencia de toda Canarias. De un total de 70 trabajadoras con las que se cuenta para este fin (la mayoría son mujeres), 15 se encuentran de baja y 5 fueron desplazadas en su momento a otras áreas de la Consejería, ahora de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Esta situación, unida a la mala gestión histórica de esta ley por parte de décadas de gobierno de Coalición Canaria, tienen como resultado que 2019 se cierre con 9.013 personas que, a pesar de tener reconocida la prestación, siguen esperando por la ayuda, y otras 14.958 que se encuentran a la espera de que se les estudie su caso, según los datos de noviembre publicados por el Imserso. No obstante, se trata de una cifra que se puede incrementar, ya que el actual Ejecutivo introdujo 5.228 solicitudes que no habían sido incorporadas al sistema por el anterior Gobierno.
El déficit de personal es la principal causa de que tres millones de euros previstos para pagar prestaciones económicas no puedan ser gastados este año (algo similar a lo que ha ocurrido con 14 millones de la Prestación Canaria de Inserción, que irán a superávit). El director general de Dependencia, Miguel Montero (Podemos), considera que el Ejecutivo en su conjunto debe trabajar para que exista una nueva Relación de Puestos de Trabajo ya que este derecho no puede seguir dependiendo de “parches”. El personal de esta área está contratado de tres formas: plantilla fija, personas contratadas por el Plan de Choque, de tres años de duración, pero que se prorrogará hasta diciembre de 2020 y por “acumulación de tareas”, plantilla a la que también se le vence el contrato este 31 de diciembre, pero a la que se volverá a llamar en enero. La idea es que el próximo mes se llamen a las mismas personas y cubrir las bajas con listas de otras consejerías.
El panorama es preocupante por la “inestabilidad” en la que se encuentra el personal destinado a tramitar estas ayudas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay un total de 22 personas que realizan estas tareas administrativas en Dependencia. De ellas, 8 son empleadas del propio servicio, 8 del contrato del programa temporal y 4 por “acumulación de tareas” y otras dos se encuentran de baja por incapacidad temporal. En Las Palmas, en plantilla hay un total de 42 personas, 33 propias de la Consejería, 4 temporales y 5 por acumulación de tareas.
La valoración de la dependencia tiene dos partes. En un primer momento, se evalúa el caso y se decide si esa persona tiene derecho o no a recibir la ayuda. En un segundo proceso, se evalúa qué tipo de prestación le corresponde a esa persona según el grado y, posteriormente, como ha transcurrido un período de tiempo, es necesario volver a evaluar el grado de dependencia de la persona. En 2020, la Consejería prevé desarrollar un gestor digital que no solo ayude a tramitar expedientes sino que permita coordinar mejor la información y el propio usuario pueda acceder a ella y ver cuánto le queda para ser atendido.
Miguel Montero celebra que esta Navidad se cumple un récord de 13.994 personas con prestación económica, pero aún muy lejos de lo deseado. Se trata de una cifra que va variando cada mes y que se pretende continuar incrementando en los próximos años.
Única comunidad sin desarrollar la ayuda a domicilio
Canarias es la única comunidad autónoma sin tener desarrollada la ayuda a domicilio, dentro del marco de la Ley de Dependencia. En el año 2017, se llevó a cabo una investigación en la que se detectó que se habían incluido como prestación por ayuda a domicilio la otorgada por los ayuntamientos a personas que no siempre son dependientes. Se trataba de una prestación que nada tiene que ver con la propia ley.
Actualmente, la comunidad autónoma se encuentra prácticamente a cero en desarrollo de esta ayuda. En su defecto, se otorga una “prestación vinculada al servicio”, es decir, a través de empresas intermediarias, pero que no llegan a todas las islas. Por ello, es una de las líneas en la que el actual director del área asegura que se va a intervenir en los próximos años. Para desarrollarla será necesaria la colaboración interadministrativa y apoyarse en los cabildos y ayuntamientos.
Otras de las prestaciones a seguir mejorando el próximo año es la teleasistencia, que perciben tan solo 1.028 personas en Canarias. También es todo un reto desarrollar la figura del asistente personal, lo que requiere de un desarrollo normativo. Montero explica que se trata de una prestación importante, en especial para las personas con algún tipo de discapacidad física. Según los datos del Imserso, no hay personas beneficiarias de esta prestación en las Islas. Para el caso de las cuidadoras no profesionales, la Consejería iniciará una campaña para intentar llegar a todas estas mujeres que no cotizan y que en un futuro tendrán una pensión no contributiva muy baja.
