Casi 60 personas ingresaron este año por la “vía de urgencia” en plazas para atención a la dependencia de Gran Canaria
La situación de una mujer de 48 años que ha estado seis meses en Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria, a pesar de tener el alta médica y de que su caso se encuentra recogido en el sistema de atención a la dependencia, ha vuelto a encender las alarmas. Sin embargo, no se trata de un caso aislado, la consejera de Políticas Sociales del Cabildo de la Isla, Elena Máñez (PSOE), asegura que situaciones como esta son el pan de cada día del personal técnico que visita cada semana los hospitales canarios para conocer estos casos. Explica que, a lo largo de este año, un total de 59 personas han ingresado en las plazas sociosanitarias que gestiona la Corporación Insular por la vía de urgencia, once de ellas solo en el mes de mayo. Insiste en que el protocolo en estos casos funciona, aunque no puede ser la principal vía de entrada al sistema, que hace aguas en Canarias por la falta de planificación del Gobierno.
El caso concreto de esta mujer depende directamente del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias, que es el competente para casos de Salud Mental, problema que tiene esta paciente, como explicó la familia al periódico Canarias7. No obstante, el Cabildo de Gran Canaria asegura que atiende a todas las solicitudes urgentes que les llegan y que son de su competencia. Una de cada tres plazas que se asignan llega a través de la petición de los propios hospitales, que ponen en conocimiento que han dado el alta médica a pacientes que posteriormente no pueden vivir solos en sus domicilios y requieren de ayuda a la dependencia, por lo que cada semana se valoran sus historias.
También hay una parte de las solicitudes que llega desde los ayuntamientos. El pasado año, explica que se atendieron un total de 94 plazas por la vía de urgencias sociosanitarias, 38 de ellas fueron advertidas por los municipios. Además, un 64,84% de estas personas no había solicitado la ayuda a la atención a la dependencia, lo que hace pensar que hay muchas más personas fuera del sistema por distintos motivos: porque no han sido asesoradas para que la pidan, porque viven solas… También hay casos en los que la persona se convierte en dependiente de un día para otro a causa de alguna enfermedad o un accidente, por ejemplo.
El ingreso por la vía de urgencia en una plaza sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria se rige en base a un protocolo y se dan distintos perfiles. Este tipo de ingreso se produce en casos de especial vulnerabilidad o cuando la persona puede por sí misma evitar situaciones de riesgo para su propia vida o no tiene capacidad de autogobierno y su situación hace que no pueda esperar más para ser atendida en base al sistema. Explica que hay circunstancias en las que las familias no se hacen cargo por múltiples razones, algo en lo que matiza que no se puede generalizar. Además, si la persona está sola o no tiene un tutor legal se necesita un trámite judicial para que se produzca ese ingreso no voluntario, que en ocasiones asegura que puede llevar meses. De ahí, que se den casos de personas cuya estancia en un centro hospitalario se prolonga en el tiempo porque están pendientes del trámite judicial.
Señala que más preocupantes aún son los casos de personas mayores que se encuentran solas en sus domicilios. En estas circunstancias, si se entiende que hay un riesgo para la vida de la persona, se actúa sin esperar por la orden de la Fiscalía y se traslada a la persona a un centro.
Un sistema que sustentan los cabildos
En Canarias se encuentran esperando por la ayuda a la dependencia 10.725 personas que tienen ya reconocido este derecho, una cifra que, aunque ha disminuido en los últimos años, se corrige de forma muy paulatina por la histórica mala gestión. A ello se le suma la lista de espera de quiénes han entregado la solicitud y no se les ha valorado y la de quienes no están en el sistema. Elena Máñez recuerda que Canarias siempre aparece a la cola de todos los parámetros de Políticas Sociales y que la planificación le corresponde al Gobierno.
El último dictamen anual del Observatorio Estatal para la Dependencia ya recogía el esfuerzo que está haciendo en los últimos años el Ejecutivo aunque añadía que el sistema se sostiene por los convenios con cabildos y ayuntamientos. La consejera de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria señala que para el nuevo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Gran Canaria, que supondrá la creación de 1.000 plazas más, 40 millones los pondrá el Cabildo y 50 el Ejecutivo Regional. Por ello, insiste en que gracias a que los cabildos cofinancian las plazas el sistema no se hunde.
No obstante, exige que esta iniciativa de aumento de plazas continúe en el tiempo puesto que ya era necesario hablar del tercer plan y, sin embargo, nos encontramos aún en el segundo. A la falta de planificación, Máñez añade el envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida… el plan actual resuelve plazas que se están demandando en la actualidad pero advierte de que es necesario un plan de futuro. También se le suma la falta de una ley de Servicios Sociales que ya se tramita en el Parlamento, pero para la que es necesaria una ficha financiera potente.
Para otro de los temas más preocupantes, la soledad de las personas mayores, adelanta que en breve espera poder anunciar la segunda fase del proyecto que el año pasado se inició con Cruz Roja, buenos tratos a las personas mayores. En ese diagnóstico se detectó que de 211 personas entrevistadas 65 estaban en situación de vulnerabilidad social y 18 sufrían maltrato.
