La Policía acusa de cohecho a guardias civiles
La Jefatura Superior de Policía en Canarias no solo ha involucrado a la “jerarquía” en Gran Canaria de la Guardia Civil con el presunto cartel de la droga desarticulado el pasado 9 de abril en Mogán, sino que directamente en sus informes al juzgado instructor del caso acusa a agentes del Instituto de cometer “a priori” un delito de cohecho, por dejarse invitar en el restaurante de la cofradía de pescadores, calificado como el “cuartel general” de la banda.
Las conclusiones a las que llega la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Brigada de Policía Judicial de Las Palmas, a la hora de decidir sus superiores del Cuerpo la apertura de la investigación en territorio competencia de la propia Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana, solicitar los pinchazos telefónicos al Juzgado y efectuar seguimientos y vigilancias en el restaurante, es que de ese “cuartel general” eran clientes asiduos guardias civiles, y también funcionarios de la Administración de Justicia en Canarias. Supuestos chivatos.
Así, las diligencias policiales 9.094 / 2013 del grupo IV de la Udyco, remitidas al Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana dentro de sus diligencias previas 4789 / 2012, recogen, aparte de la llamada de una tal Mae alertando a uno de los camareros de la llegada de una patrulla de guardias civiles no habituales, otro conversación telefónica, el 13 de febrero pasado, entre ese mismo camarero ahora en prisión provisional, A.J.M., con el “lugarteniente” y encargado del local, R.G.V., sobre la presencia de otra pareja benemérita.
El camarero contactó con el encargado por el teléfono fijo intervenido del restaurante, y al advertirle de la presencia de “dos verdes” que estaban “comiendo”, el primero los describe como “coleguillas tuyos”, uno de ellos “morenito, así, peinado pa´tras, y el otro, yo los he visto aquí muchas veces contigo. ¿Qué hago?” La transcripción de la conversación figura en la diligencia cortada, y sin especificar parte, el encargado responde: “Vale, invítalo, invítalo”.
A la hora de explicar esta transcripción incompleta al juzgado instructor, los instructores de la Udyco apuntan que el encargado dijo previamente: “Vale, va a ser Roberto, invítalo”, en el caso de uno de los guardias, y al preguntar por el otro, también entra en la invitación registrada a nombre de R.G.V. en la facturación del restaurante, por indicación suya a A.J.M.
Entiende la Jefatura Superior de Policía de Canarias que la conducta de R.G.V., el encargado que según este informe se jactaba de tener relaciones con la “jerarquía” de la Guardia Civil en la isla, pudiera ser constitutiva “a priori” de un delito de cohecho activo, “y cuanto menos un delito de cohecho pasivo impropio, si no un delito de cohecho pasivo propio, encuadrado en alguna de sus diversas tipologías, por parte de los referidos guardias civiles”.
La diligencia policial considera que el encargado del restaurante “ofreció una dádiva como lo es invitar a comer en consideración cuanto menos a su cargo o función de guardias civiles, si no a la realización de algún tipo de acto u omisión propia de su cargo, como pudiera ser el deber de perseguir delitos”.
Ante esta hipótesis de la Policía, los instructores de la Udyco justifican que, si bien estarían invadiendo la intimidad personal de los guardias civiles, ya que el objeto de su investigación sería otro, el del tráfico de drogas, y no la corrupción o la omisión de perseguir delitos, estos deben quedar relacionados con los “referidos cohechos” advertidos por los pinchazos, a la hora de invitar en el restaurante, “como compensación a las dádivas recibidas” por R.G.V. y “quizás también” por S.F.S., el propietario del local “cuartel general”.
Y todo porque la Policía Nacional asegura que el tráfico de drogas se hacía “sin en el menor reparo ante la presencia de guardias civiles conocidos”, ya que para los investigadores de la Jefatura Superior es imposible que “semejante dispensación de droga en La Cofradía haya pasado hasta ese momento inadvertida a los funcionarios policiales responsables de la seguridad ciudadana de la población de Mogán”.
Es más, la Udyco de Las Palmas recalca en su diligencia de informe previo a los arrestos y los registros infructuosos del 9 de abril -se requisaron menos de 140.000 euros en metálico en el restaurante, y en domicilios particulares 30 gramos de cocaína y 300 gramos de hachís en una operación de espectacular despliegue de medios y hombres- que de estas relaciones -con la Guardia Civil y funcionarios judiciales- los investigados podrían haber sido advertidos de que sus teléfonos estaban ya intervenidos.
