Un policía ratifica la agresión de su jefe
Los implicados en la denominada operación Ladrillo han comenzado a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, que ha decidido retrasar la intervención del subinspector del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Carmelo Sosa, prevista para este lunes, hasta el miércoles.
El primero en entrar a la sala, cuyo acceso se encontraba limitado a implicados y representantes legales, fue el agente H.L., principal denunciante, que respondió a las preguntas del juez Martín durante más de una hora. Según ha podido saber este medio, en ese espacio, el policía ratificó las declaraciones hechas ante la Guardia Civil, en las que denunció una supuesta agresión por parte de Sosa, que más adelante se achacaría a un detenido.
Poco después, pasó a prestar declaración el inspector Rafael Mesa y posteriormente lo hizo un oficial. El abogado defensor de varios implicados, Luís Martín, recordó que todos los llamados a declarar se encuentran imputados por la Guardia Civil y explicó que la decisión del juez de retrasar la intervención de Sosa se basa en trasladarla al último día.
Martín señaló que a lo largo de la mañana los testimonios se fueron ratificando, lo que permitió vislumbrar posturas enfrentadas.
Caso Ladrillo
El caso saltó a los medios de comunicación cuando la Guardia Civil detuvo a mediados del pasado marzo a once agentes del cuerpo autonómico, entre los que se encontraban Mesa y Sosa, tras la denuncia de un ciudadano y varios miembros del cuerpo autonómico que hicieron referencia a delitos de “mobbing, falsedad documental y detención ilegal.
La supuesta detención ilegal se llevó a cabo durante la final de la competición oficial de murgas de los pasados carnavales de la capital grancanaria. Al parecer, el informe recogía una agresión que el detenido nunca cometió y que pudo ser inducida por el superior en Las Palmas a posteriori.
En el momento de las detenciones, trascendió en diversos medios de comunicación el afán de Sosa por tratar de justificar los resultados de la plaza que ocupa de manera provisional y la orden del juez de intervenir los teléfonos para tratar también de esclarecer si existe un posible afán recaudatorio en la labor policial.
