El portavoz del Gobierno canario se muestra “decepcionado” y “disgustado” con las críticas del exgerente de la empresa pública GSC

El portavoz del Gobierno de Canarias y consejero de Seguridad, Julio Pérez, se ha mostrado este jueves “decepcionado” y “disgustado” con las críticas del exgerente de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) pues han sido “inadecuadas e incorrectas”, al tiempo que ha negado que haya una “crisis de funcionamiento”.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha indicado que le “sorprende” el “tono” utilizado por Elías Castro tras su dimisión hasta el punto de que lo lamenta “personalmente”.

Pérez no entiende la “opinión tan negativa” que tiene Castro de sus “superiores políticos” y aunque ha reconocido que “hubo discrepancias por comportamientos personales” el Gobierno ha avalado su gestión al frente de la empresa.

De hecho, dijo, “los servicios de emergencia son los mejor valorados de la comunidad autónoma”.

Ha dicho que volverá a comparecer en el Parlamento para explicar la situación de la empresa y ha avalado el cambio organizativo con la creación de una comisión ejecutiva que se reúne cada 15 días para fijar instrucciones.

En ese sentido ha reconocido que eran los “nuevos jefes” de Castro y la presencia de un representante de la Consejería de Hacienda se debe a normativa legal pues en todas las empresas públicas debe haber un representante de este departamento.

Ha admitido, en cambio, que la estructura de la empresa es “singular” porque depende de dos consejerías, Hacienda y Seguridad, --no es la única empresa pública en que sucede-- y además debería atender emergencias “pero más del 60% de presupuesto” va a otros servicios como transporte sanitario no urgente o recuperar servicios impagados al SCS. “Es una estructura que hay que corregir”, ha señalado.

Sobre las condiciones laborales entiende que se tienen que “mejorar”, y para ello, cada año se reservan unos 800.000 euros en el presupuesto autonómico para cubrir los atrasos del 5% de salarios que finalmente no se pueden abonar porque la Consejería de Hacienda entiende que no se cumple con determinados preceptos legales.

Pérez ha indicado que el Gobierno tiene “voluntad política” y va estudiar como afrontar el pago vía modificación presupuestaria o con algún cambio legal y espera que hay un “entendimiento” con los trabajadores para evitar la huelga de final de mes.

En cuanto al proceso de sustitución de Castro cree que “no se ha retrasado tanto” pero lo vincula a que se han presentado casi una treintena de personas y “lo importante es dar con una persona competente que sepa gestionar el servicio”.