Las primeras ayudas específicas para Igualdad con cargo al IRPF tampoco escapan de la polémica por el reparto provisional

El listado provisional de entidades beneficiarias de las subvenciones con cargo al IRPF ha vuelto a generar polémica este año en Canarias. La Diputación del Común anunciaba este martes que ha abierto una investigación por quedar fuera del primer listado varias asociaciones de mujeres, a pesar de que en esta convocatoria, por primera vez, se incluía una línea específica para igualdad y otra para diversidad, de acuerdo a las recomendaciones que el año pasado realizó este organismo. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud ha defendido que en esta convocatoria se presentaron proyectos por valor de 20 millones de euros y solo se contaba con 7,7 millones. Además, subraya que el criterio implantado fue pactado con el tercer sector.

Ocho proyectos de Igualdad han sido beneficiados en este primer listado, para el que cabe realizar alegaciones. En total, se destinarán a entidades de esta área medio millón de euros para: dos proyectos del programa Oblatas, uno de Cáritas, otro de Médicos del Mundo, uno de Arena y Laurisilva, otro de la Asociación Mujeres, solidaridad y Cooperación, otro de AFAMOCAN, así como un proyecto de Red Araña. No obstante, la Diputación del Común ha denunciado que hayan quedado fuera “las pequeñas y medianas asociaciones de mujeres en riesgo de vulnerabilidad y sus hijos menores como Mararía, A ti mujer, Gara, Mercedes Machado y la Federación Arena y Laurisilva”.

No es la primera vez que se produce polémica por estas subvenciones. El año pasado quedaron fuera todas las relacionadas con igualdad y violencia de género por los criterios aplicados por el Gobierno de Coalición Canaria. Entonces, se intentó subsanar con una subvención directa a diez entidades para lo que se destinó 400.000 euros, que según la actual Consejería de Derechos Sociales se concedieron restándolo de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Desde la actual consejería insisten en que quieren evitar esa fórmula de subvenciones directas y de ahí que se modificaran los criterios del reparto de este año como el hecho de que puntúe más el proyecto y no la entidad. Además, sobre las críticas formuladas por la Diputación del Común, apunta que este año se han aplicado los tres requisitos que se solicitaron desde este organismo: eliminar la confinanciación, limitar el número de proyectos y crear línea de igualdad.

Coalición Canaria se ha sumado a las críticas del reparto de este año. “Fuimos duramente criticados, aun realizando una mejor gestión de estos recursos de la que se realiza actualmente, y no vemos que las soluciones que entonces proponían las estén aplicando en estos momentos”, aseguró la diputada Cristina Valido en un comunicado.

135 proyectos seleccionados

En la convocatoria de 2019 se presentaron 184 entidades y 572 proyectos. De ellos, se han aprobado provisionalmente 135 proyectos de 46 entidades. No obstante, aún es un listado para el que caben alegaciones. Por su parte, el año pasado, se beneficiaron 48 entidades con 130 proyectos. En esta convocatoria, igualdad ha sido una de las 14 áreas a las que iban destinadas estas subvenciones, entre las que destacan proyectos de voluntariado, mayores, discapacidad, vulnerabilidad social o migración.

Entre las asociaciones que la Diputación del Común enumera que han expresado su descontento destaca Familias Monoparentales de Canarias (AFAMOCAN), Parkinson de Gran Canaria, la Asociación Corazón y Vida, la de Reinserción Social de Menores Anchieta, de Alzheimer de Canarias, además de otras asociaciones como las de Cáncer de Mama de Tenerife (AMATE), la de Ayuda a personas dependientes (APEDECA), o Pequeño Valiente de Las Palmas. Así mismo, resalta la asociación de familias de personas con Autismo (APNALP), la asistencial NAHIA y la Fundación Canaria Oliver Mayor contra la Fibrosis Quística Las Palmas y Tenerife.

La adjunta Especial de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera afirma que “se deben aplicar nuevos criterios y medidas correctoras tanto para el 2020, como para ejercicios futuros. Lo justo sería la implantación de distintas convocatorias destinadas a grandes ONG y otras a asociaciones de carácter insular o provincial, consiguiendo así separar dos realidades muy distintas y evitando la exclusión de estas pequeñas y medianas entidades”.

Soluciones para las que quedaron fuera

La Consejería asegura que “entiende el perjuicio causado por el retraso y que sean muchas las entidades con proyectos interesantes que se han quedado fuera, dado de volumen de solicitudes presentadas”. Por ello, anima a las entidades a presentarse a la convocatorias de la Dirección General de Derechos Sociales, convocada desde el martes 5 de mayo, y dotada con 6,5 millones de euros, así como a las que se convocarán desde la Dirección General de Dependencia y Discapacidad y la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.

Por otro lado, insiste en que “continuará trabajando para mejorar la convocatoria de 2020, adelantando la misma para que las entidades cuenten con los recursos desde principios de 2021; mejor los criterios de valoración, siempre en diálogo con las entidades del tercer sector; y estableciendo mecanismos de gestión y resolución más ágiles”. Del mismo modo, recuerda que “continúa en marcha el establecimiento del régimen jurídico del concierto social, que en desarrollo de la ley de servicios sociales, permitirá a las administraciones públicas concertar servicios esenciales con entidades del tercer sector, dando estabilidad en el tiempo a los mismos, y a las entidades, y que estos no deban depender de subvenciones”.