Canarias, segunda autonomía que más gasta en convenios con la sanidad privada
Canarias es la segunda comunidad que más presupuesto destina a convenios y conciertos con la sanidad privada: el 10,3% de su gasto sanitario anual, según un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) sobre la colaboración público-privada.
En 2011 -fecha a la que se remontan los últimos datos manejados por este informe-, Canarias destinó 286 millones de su presupuesto público a acuerdos con los centros sanitarios privados de las islas. En términos comparativos, solo supera esas cifras Cataluña, que dedica a contratos, convenios y conciertos con la sanidad privada el 24,1 % de su presupuesto sanitario.
El IDIS destaca que, tras analizar 111 concursos públicos del Servicio Canario de la Salud, se observa que los servicios de hemodiálisis representan el 28% del total del esfuerzo presupuestario realizado en este tipo de contrataciones, seguido del 10% en terapias respiratorias. Asimismo, en el apartado Otras asistencias sanitarias destacan los conciertos relacionados con la prestación de servicios de rehabilitación y los servicios sociosanitarios.
En el conjunto de España, todas las comunidades autónomas, en menor o mayor medida, recurren a la contratación público-privada en el ámbito de la sanidad, y lo hacen a través de distintas fórmulas jurídicas y para actividades que abarcan desde las infraestructuras hasta la gestión hospitalaria y la prestación de servicios clínicos. Esta es la principal conclusión del citado estudio del IDIS sobre la colaboración público-privada.
Tensión en las cuentas públicas
Los contratos de colaboración público-privada surgen con “tanta fuerza”, según el estudio, por “unos gastos sanitarios que crecen de forma muy rápida, que tensionan los presupuestos públicos y dificultan determinadas inversiones, o bien implican que éstas se tengan que desarrollar con plazos muy dilatados cuando se financian por la vía del presupuesto de forma convencional.
Cataluña encabeza el listado de comunidades autónomas que registra mayor volumen de contratación público-privada, al destinar alrededor de un cuarto de su presupuesto sanitario a este concepto (2.450 millones de euros). Le siguen las comunidades de Madrid y Andalucía, aunque con mucha diferencia respecto a Cataluña.
Pero, si se analiza el porcentaje del gasto sanitario destinado a la contratación público-privada, se observa que tras Cataluña con el 24,1%, Canarias y Baleares son las comunidades con mayor gasto relativo en este concepto ya que dedican, respectivamente, el 10,3% y el 8,8% del gasto sanitario total. Las formas de contratación entre el sector público y el privado, incluyen los conciertos (se presentan servicios empleando medios ajenos a los de la administración), los convenios (el establecimiento privado se integra plenamente en la red hospitalaria pública) y las concesiones (el sector privado gestiona el servicio público a su propio riesgo).
Acuerdos plurianuales
Las servicios sanitarios en los que las administraciones apuestan en mayor medida por colaborar con las empresas privadas son el diagnóstico por imagen y las terapias respiratorias, y ya en menor medida las intervenciones quirúrgicas y la hemodiálisis.
En cuanto a los convenios, varias comunidades autónomas han firmado acuerdos plurianuales con entidades privadas para su integración en la red hospitalaria pública la prestación de la cartera de servicios a un área de población determinada.
Es el caso de Andalucía (Orden San Juan de Dios, Grupo Pascual y Cruz Roja), Asturias (Hospital de Jove), Baleares (Hospital de la Cruz Roja en Palma), Cataluña (varios hospitales del CatSalud), Galicia (Povisa y Centro Oncológico de Galicia), Madrid (Fundación Jiménez Díaz) y País Vasco (Orden San Juan de Dios en Vizcaya). Mientras, la comunidad valenciana y la de Madrid son las que más han apostado por el modelo de contrato de colaboración basado en concesiones.
IDIS respalda la colaboración entre público y privado bajo el modelo de concesión, que se ha desarrollado en países europeos como Suecia e Inglaterra, ya que permite introducir una mayor eficiencia al sistema sanitario, reporta beneficios financieros, permite reducir las listas de espera y aporta flexibilidad e innovación en la gestión.
