La sanidad sigue en lista de espera
El 11 de marzo de 1994, tras muchos años de duras negociaciones, el Consejo de Ministros aprobó el traspaso a Canarias de las competencias del entonces Instituto Nacional de la Salud (Insalud): había nacido, con 11 años de retraso, la 'autonomía sanitaria' de las Islas.
Ese traspaso supuso asumir la gestión de 60 centros sanitarios y 10.000 trabajadores por parte de Julio Bonis, capitán de 'jet-foil' convertido en consejero de Sanidad y uno de los personajes políticos claves para entender el devenir Coalición Canaria (CC) y de Canarias como autonomía en sus primeros 20 años de historia.
Bonis reclamaba en las reuniones negociadoras no solo 111.000 millones de pesetas anuales (667 millones de euros actuales) para gestionar el traspaso de competencias sino que preveía una necesidad de inversión de 94.000 millones de pesetas (595 millones de euros) hasta 1999.
Dos décadas después, el Servicio Canario de la Salud (SCS) cuenta con un Presupuesto global de 2.601.578.381 euros, más del doble de lo que pedía Bonis.
Un Presupuesto que supone un incremento con respecto 2013 de un 1,65% (42.327.416 euros más) y un peso específico dentro de las Cuentas globales de la Comunidad Autónoma de un 42,76%.
El pañuelo por la ventanilla
Ese es, por tanto, el gasto sanitario en las Islas, que han dado un salto cualitativo espectacular respecto a los problemas de atención sanitaria que afrontaba antes de tener competencias plenas.
Más allá de la anécdota del canario conduciendo un coche, agitando un pañuelo por la ventanilla y haciendo sonar la pita para llevar a un enfermo a un centro sanitario, imagen con la que el presidente Paulino Rivero siempre afronta las críticas a la gestión sanitaria del Ejecutivo obviando que esa 'foto' era común en toda España en las mismas fechas y no es exclusiva de Canarias.
Esa imagen, como en la Península, acabó cuando se puso en marcha el 061, una red profesional de atención telefónica extrahospitalaria de urgencias, que permitió contar con una red de ambulancias profesionales (y cuyos concursos de adjudicación siempre han estado envueltos por el escándalo) que, posteriormente, desembocó en el 1-1-2.
Un número que, por normativa europea, va más allá de las urgencias sanitarias y es un servicio integral de atención policial, de extinción de incendios y de salvamento.
Sin embargo, entonces como ahora, los problemas se mantienen y la Sanidad canaria está apuntada a varias listas de espera: falta de personal sanitario y de camas y descoordinación en la gestión política del SCS.
Unas listas agudizadas en los dos últimos años con el subterfugio de que la crisis económica y los límites al endeudamiento público establecidos por la Unión Europea (UE) obligan a reducir gasto público.
Con esa justificación, el Gobierno central ha dado un gran impulso a una serie de medidas encaminadas a hacer irreversible el cambio de modelo sanitario.
La Sanidad canaria está apuntada a varias listas de espera: falta de personal sanitario y de camas y descoordinación en la gestión política del SCS.
Medidas como el copago para los medicamentos de los pensionistas, traslados no urgentes en ambulancia, prótesis, ortesis, sillas de ruedas o alimentos especiales; la vinculación del derecho a la asistencia a las cotizaciones laborales (potenciando el aseguramiento privado); la exclusión de colectivos de población de la cobertura del sistema sanitario; y el fraccionamiento de la cartera de servicios financiados y prestados por la sanidad pública, estableciendo en una el básico de acceso gratuito y otras dos a financiar mediante copagos.
Todas esas medidas revierten en Canarias, por más que el Ejecutivo regional intente paliarlas con los escasos recursos que tiene y el poco margen de maniobra legal que posee.
La sanidad es uno de los aspectos fundamentales en la evolución de las economías regionales y las sociedades que las desarrollan. Por ello, se le otorga gran importancia
dentro de los Presupuestos Generales de la Administración Pública, siendo junto a Educación la partida más relevante de las Cuentas regionales.
Los presupuestos del Servicio Canario de Salud para el año 2012, los primeros que se hacían con el PSOE en el Gobierno desde el año 1993, mostraban un incremento del 2,64% respecto al año anterior, mientras que en 2011, la variación respecto a 2010 fue negativa (-11,09%).
Es decir, que el cambio del PP en la dirección de la Consejería, sustituyendo la nacionalista Brígida Mendoza a la conservadora Mercedes Roldós, supuso en términos absolutos un aumento en 2012 de 66.445.061 euros frente al año 2011, cuando se vio reducido el presupuesto del Servicio Canario de Salud (SCS) en 314.373.650 euros respecto al 2010, que asimismo había sido reducido un 2,45% respecto a 2009.
De 2010 a 2011, los recortes más abultados se los llevaron las partidas de Investigación Sanitaria (-49,78%) y Atención Primaria (-21,48%), que es, según los expertos, la 'puerta al sistema' por parte de la población.
El primer Presupuesto del Pacto CC-PSOE, precisamente, centró su mayor incremento en la Atención Primaria (11,09%), mostrando así en Sanidad una tendencia similar a la que hubo desde 1999 a 2003, años en los que los conservadores, aún cogobernando con CC, no estaban al frente de los designios de la Consejería de Sanidad.
En esa legislatura, en la que casualmente un médico, Román Rodríguez, presidía el Ejecutivo, el gasto sanitario total de Canarias creció un 47,41%, hasta superar los 1.600 millones de euros.
El primer año de Rodríguez al frente del Gobierno, con José Carlos Francisco como consejero de Sanidad, el presupuesto sanitario por persona protegida en Canarias era de 721 euros (la media estatal era de 770), y concluyó la legislatura, ya con Rafael Díaz como sustituto de Francisco, con 954 euros por persona (46 euros menos que la media del Estado).
Ocho años después, en 2012, el presupuesto sanitario por persona protegida en Canarias fue de 1.282,59 euros, cifra que se vió ligeramente incrementada con respecto al último año del PP en la Consejería en 38,73 euros.
La sombra de la privatización
Con todo, en estas dos décadas la privatización se ha ido reforzando cada vez más en las Islas concertando servicios sanitarios con entidades privadas, sobre todo vinculadas a empresas de Pedro Luis Cobiella, un hombre muy relacionado a Coalición Canaria (CC) desde los tiempos de la AgrupaciónTinerfeña de Independientes (ATI).
Cabe resaltar que la media española de camas en la sanidad privada es de 6,88 por 10.000 habitantes, mientras que en Canarias es de 14,30.
Según datos de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, el sector privado controla el 40% de las camas de agudos de la red de utilización pública e ingresa más del 31,7% de los procesos agudos financiados por el Servicio Canario de Salud.
En 2012 la concertación supuso un 8% (206,7 millones de euros), que en 2013 aumentaron a 210,3: cirugía, hemodiálisis, oxigenoterapia en domicilio, radiología, resonancias magnéticas, medicina nuclear, salud buco-dental, lavandería y mantenimiento.
En Canarias se han aplicado dos vías más para privatizar la sanidad pública: que empresas privadas gestionen en dependencias sanitarias públicas directamente los servicios con su propio personal y que el Gobierno canario realice un procedimiento de concesión de obra pública (donde la empresa privada sanitaria redacta el anteproyecto de obra, la construye y luego la explota con su propio personal privado), como es el caso de Radioterapia Oncológica en el Hospital Materno-Infantil.
Calidad versus recortes
Sin embargo, según el informe anual del Consejo Económico y Social (CES), Canarias se situaría en 2012 “por encima de la media nacional situándose en el décimo puesto del ranking de comunidades autónomas según el presupuesto sanitario destinado por persona protegida”.
No obstante, quienes usaron el cambio de signo político en la Consejería para demostrar que sin el PP el presupuesto crecía se llevaron un chasco: en 2013, las segundas Cuentas del Pacto CC-PSC bajaron un 1,07%, si bien el mayor 'tajo' se lo llevó el programa de Gestión de Servicios Económicos del SCS, al que se le rebajó un 62,97%.
Desde el Gobierno se ha hecho hincapié en que todas las medidas han venido dadas por los brutales ajustes y recortes con los que, siguiendo la ortodoxia económica neoliberal, se ha venido gestionando la crisis en España desde que Mariano Rajoy se sentó en La Moncloa.
El Archipiélago se sitúa en el décimo puesto del ranking de comunidades autónomas según el presupuesto sanitario destinado por persona protegida.
Pero esa justificación no le sirve a las centrales sindicales, en conflicto casi perenne con el Gobierno desde el año 2001. Como muestra de ello, y según manifestaba públicamente Patricia Hernández, portavoz de Intersindical Canaria “el Gobierno de Canarias trata de lavar su mala imagen ante la ciudadanía y seguir desmantelando los servicios públicos acusando al Estado de obligarle a ello”.
Hernández insistía en que “no hay voluntad alguna de salvar la sanidad y garantizar la calidad”, recordando que su formación sindical ha presentado en varias ocasiones una propuesta que contempla cien posibles medidas que permitirían al Ejecutivo contar con suficientes fondos para no tener que sacarlos de las partidas sanitarias.
Lo cierto es que, en dos años, la Consejería de Sanidad ha bajado sueldos, ampliado la jornada laboral, prescindido de más de mil trabajadores eventuales, cerrado plantas hospitalarias y quirófanos en verano y reducido al mínimo el gasto farmacéutico.
2001: ocho meses de conflicto
Esta conflictividad laboral en la Sanidad canaria no es nueva. En 2001, cuando se cumplían 30 años de la erupción del Teneguía, otro movimento telúrico removió el sistema sanitario durante ocho meses, en plena crisis política por el 'caso Tindaya'.
No estaba fortalecido el Gobierno (Rodríguez tuvo que someterse a una moción de censura en septiembre por parte del socialista Juan Carlos Alemán) para afrontar el conflicto laboral planteado por los especialistas adscritos a los centros sanitarios del SCS, que colapsó el sistema de tal manera que limitó considerablemente la atención dispensada en los hospitales canarios, sobre todo en la provincia grancanaria.
Una huelga de esas características supuso, para muchos analistas, la creación de esa gran bolsa de listas de espera que aún continúa doce años después, pues se produjeron retrasos en las intervenciones quirúrgicas y un progresivo deterioro de la sanidad pública que incluso reconocieron los propios huelguistas, aunque insistiendo en que sus reivindicaciones eran justas.
Un conflicto que afectaba a la remuneración de 1.900 profesionales y que, al contrario que el actual, no estuvo respaldado por el conjunto de la ciudadanía, pues consideraron varias asociaciones de vecinos que el bloqueo de las urgencias y las altas hospitalarias vulneraban los derechos fundamentales de los pacientes.
Incluso la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que tan beligerante es ahora contra los Ejecutivos central y autonómico, se manifestó en contra de los profesionales sanitarios al considerar falso que sus sueldos eran reducidos y que no podían liberar tras las guardias.
Y es que en el fondo, aunque los especialistas querían regular la jornada laboral, las guardias e implantar la carrera profesional, lo que se hablaba era de aumento de sueldo. Aún no había estallado la crisis pero, como sucede con el colectivo de pilotos y controladores aéreos, la sociedad percibe que ciertas reivindicaciones salariales no son de recibo frente al común de los mortales.
Por ello, los representantes ciudadanos exigieron una y otra vez al Ejecutivo regional que no incrementara la oferta económica ofrecida a los profesionales sanitarios, y que fue rechazada por éstos, porque sus reivindicaciones estaban más que satisfechas.
Pero, como ahora, con la UE se había topado el Gobierno regional, pues una sentencia del Tribunal de Luxemburgo fijaba que a partir de la tercera guardia, ésta debía ser voluntaria.
En base a ello, los especialistas sanitarios lograron que el Ejecutivo regional desembolsara 14 millones de euros en tres años para incrementar las percepciones de las guardias y se acordó implantar la carrera profesional y otros incentivos. Sin embargo, no todos los centros sanitarios aceptaron el acuerdo y la conflictividad se prolongó durante todo aquel año.
Todo, al final, es cuestión de dinero. Y el funcionamiento óptimo del SCS depende de la cantidad de euros invertidos en infraestructuras y personal.
Objetivamente, las comunidades autónomas han pasado de obtener financiación del Ministerio de Sanidad en el año 2011, el último del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, por todos sus conceptos de 158 millones de euros a una previsión para 2014 de 33,7 millones de euros: un 78,73% menos.
En el dato interanual, la variación respecto a 2013 ha supuesto a las comunidades autónomas una rebaja de un 28,76%, es decir, 13 millones de euros menos.
Sin embargo, hasta el momento, la Consejería ha podido afrontar los ajustes sin tener que cerrar servicios o realizar despidos, como sí ha pasado en otras comunidades autónomas, como Valencia o Madrid, donde incluso se ha iniciado el 'experimento' (paralizado temporalmente por los tribunales) de externalizar la gestión de varios hospitales.
El sobrecoste de la insularidad
Es más, superado el 'bache' de 2013, los Presupuestos del SCS para 2014 se incrementan el 1,65% (42,3 millones más) con el fin de consolidar la masa salarial de los trabajadores y garantizar la reposición del 100% de las plazas vacantes derivadas de jubilaciones del personal médico.
Además, la consejera Mendoza ha afirmado que sus Cuentas apuestan en inversión en tecnología para pacientes oncológicos con partidas específicas para abonar la finalización de la obra ya iniciada del cuarto búnker del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín (así como el quinto búnker y quinto acelerador lineal) y la progresiva renovación de aceleradores lineales en la Comunidad Autónoma
Y se mantiene la apuesta por infraestructuras sanitarias de los hospitales del Sur de Tenerife y Fuerteventura.
En este punto, conviene recordar que Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas que tienen un menor número de usuarios potenciales por hospital público como consecuencia de la insularidad.
Un dato confirmado por el Informe Tomillo elaborado hace más de una década: “la fragmentación en Islas obliga a mantener servicios hospitalarios a pesar de que la población sea reducida”.
En 2001 existía una “elevada dotación relativa de infraestructuras sanitarias de Canarias, que cuenta con 10,8 hospitales por cada millón de usuarios potenciales, frente a los 7,8 del conjunto español”, lo que llevaba a los redactores del Informe Tomillo a certificar que “el coste público de la ultraperiferia en la sanidad sería igual a 27.671 millones de pesetas en 2001”.
Es decir, 166 millones de euros hace doce años.
No hay que olvidar que el coste de la Sanidad pública en Canarias siempre ha estado sujeto a la reivindicación del pago del déficit de inversión estatal.
Al respecto, Mendoza ha asegurado que en el año 2013 la deuda sanitaria del Estado a Canarias asciende ya a 2.000 millones de euros, que previsiblemente no será satisfecho por el Ejecutivo del PP, pese a que la ex consejera conservadora Roldós (que en 2007 cifraba la deuda en más de 800 millones) fue una de las más beligerantes en este asunto cuando los socialistas gobernaban desde La Moncloa.
“Dicho déficit ha alcanzado ya tal magnitud que casi podría corresponderse a nuestro presupuesto anual, por lo que voy a continuar reclamándolo al Gobierno de España un año más”, anunció la consejera cuando presentó sus Cuentas en el Parlamento regional.
Las listas de la desesperación
No obstante, estos esfuerzos presupuestarios del Ejecutivo regional no han acabado con la situación que da al traste con todos ellos: las listas de espera.
Y es que este dato supone un problema de gestión que, como apunta acertadamente el CES, “mayor insatisfacción generan entre la población y uno de los principales factores por los cuales los ciudadanos valoran en ocasiones negativamente la sanidad pública”.
El déficit inversor del Estado en las Islas en materia sanitaria es de 2.000 millones, casi el total del Presupuesto regional del SCS para el año 2014.
En base a los datos aportados en la web de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el 30 de junio de 2013, cuatro meses después de haberse anunciado un Plan de Choque por parte del presidente Paulino Rivero durante el Debate del estado de la Nacionalidad, un total de 29.856 pacientes quirúrgicos en espera.
Un dato alarmante que se incrementa cuando la propia Consejería certificó que 2012 acabó con una lista de espera de 26.695 personas para ser intervenidas quirúrgicamente, un 7,5% más que en 2011.
Es decir, que seis meses después, la lista había crecido aún más. Concretamente, 3.000 canarios la habían pasado a engrosar.
La 'lista de la desesperación', como se conoce popularmente, se había reducido considerablemente en el periodo 2004-2009, pero ha aumentado desde 2010 y, a mitad del presente año, 11.462 personas tienen que esperar más de seis meses para pasar por un quirófano, mientras que 18.394 tienen el triste consuelo de que esperarán menos de medio año.
Y eso sin contar las esperas por especialidades médicas, que después de haber sufrido un descenso hasta situarse en 21.751 pacientes en 2011, han vuelto a experimentar una subida en los dos últimos años.
Ya sea por los recortes o por mala gestión, lo cierto es que las áreas de rehabilitación, dermatología y alergología, son por las que más tiempo ha de esperar el paciente canario para ser atendido.
Con todo, tanto el presidente Rivero como la consejera Mendoza insisten: “se incrementan las dotaciones para continuar haciendo frente a la lista de espera”.
