La crisis sanitaria evidencia históricas carencias en dependencia: falta personal y más de 7.000 plazas en residencias

Canarias es históricamente la comunidad que peor ha gestionado la atención a la dependencia. Desde que entrara en vigor la ley estatal a finales de 2006, la desidia de sus gobiernos anteriores la han estancado en una lista de espera muy difícil de rebajar. Actualmente, según los datos del IMSERSO del mes de febrero, hay 9.264 personas que, a pesar de que se les ha reconocido que tienen derecho a ser atendidas en el marco de esta ley, siguen sin recibir ninguna prestación. En su mayoría, se trata de personas que se encuentran a la espera de un centro, ha advertido el director de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero (Podemos). Aunque este año se pudieran finalizar las obras previstas, no habría plazas suficientes para la elevada demanda.

Un total de 23.493 personas son beneficiarias actualmente de las prestaciones que se enmarcan en esta ley. De ellas, 4.868 se encuentran en centros de día o noche y 3.942 reciben atención residencial. Además, 5.085 cuentan con una prestación vinculada al servicio y 9.464 recibe una prestación por cuidados familiares. De la estadística del IMSERSO también se destaca que solo 1.022 personas reciben teleasistencia, y 12 ayuda a domicilio, aunque esto se debe a un error estadístico ya que es una prestación que nunca hasta ahora se había desarrollado por el Gobierno de Canarias.

Según el balance del pasado mes de enero de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en las Islas faltan 7.364 plazas para mayores en residencias. El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias se ha hecho insuficiente debido a las carencias históricas y hace que el cuidado de estas personas recaiga en su mayoría en las mujeres de las familias. En Canarias se espera más de dos años para que se tramite el expediente de reconocimiento de la dependencia. Es decir, unos 785 días de demora, la más alta de todo el país.

Así ha afectado la pandemia

La crisis del coronavirus está generando un frenazo en algunos aspectos, como en la valoración de los Programas de Atención Individualizada (PIA), ya que desde que se decretó el estado de alarma no se están realizando estos reconocimientos. Desde el viernes 13 de marzo, cuando las trabajadoras acudían a los domicilios muchas familias les cerraban la puerta por miedo a que contagiaran a las personas que tienen a cargo. A esta situación se suma la falta de personal que ya ha reivindicado en varias ocasiones el director de Dependencia. Seis personas debían tomar posesión el pasado 16 de marzo, pero que por el estado de alarma no han podido hacerlo. Canarias tampoco dispone de un gestor de expedientes que permita agilizar la tramitación de altas al sistema. Ante este panorama, desde la Consejería de Derechos Sociales se está intentando paliar con el anuncio reciente de una línea de ayudas a entidades para contratar más plantilla. Está dirigida a entidades que estén dentro de los convenios para la atención a las personas en situación de dependencia o con discapacidad que se firman anualmente con los siete cabildos y podrán acceder a ayudas de entre 3.000 y 60.000 euros.

En las residencias de mayores de Canarias se han dado en estas semanas situaciones de alarma por el coronavirus, aunque no en la magnitud en la que se han detectado casos en otras comunidades autónomas. Especial preocupación se ha producido en la isla de Tenerife, en la residencia de San Marcos de Tegueste han fallecido cinco personas y otras trece han sido trasladadas a centros hospitalarios. En esta isla también se han constatado dos fallecimientos en Hogar Santa Rita de Puerto de la Cruz y otro en el Centro de Mayores de Fasnia.

En la residencia de El Pino, en Gran Canaria, dio positivo una mujer que presentó problemas respiratorios y fue trasladada al hospital. La Consejería de Servicios Sociales del Cabildo de esta isla aseguró que desde un primer momento se aplicó el protocolo y toda la planta en la que residía la mujer quedó aislada. Trabajadores de residencias también han resultado afectados y han tenido que ser aislados. Es el caso de Lanzarote, en la residencia de Las Cabreras o en Tenerife, donde varios trabajadores dieron positivo en Hogar San José. En febrero también daba positivo una trabajadora en una residencia de La Gomera.

El director de Dependencia ha asegurado que la Policía Canaria está realizando una ardua labor de vigilancia en todas las residencias públicas, privadas e incluso en algunas que se han detectado que trabajan de forma ilegal. Además, Gobierno de Canarias y cabildos se encuentra coordinados realizando seguimiento de estos centros. Una de las medidas de prevención que ha tomado el Ejecutivo regional en las residencias es que las personas mayores y el personal que trabaja en los centros tengan prioridad en los kit de diagnóstico.

Para paliar los efectos de las carencias que aún presenta la atención a la dependencia en las Islas, que se acentúan en esta crisis sanitaria, el Gobierno de Canarias entre sus medidas ha decidido que las personas que estaban recibiendo atención en centros de atención diurna, servicio de respiro familiar y centros ocupacionales y cuyo cierre decretó para frenar el ritmo de la transmisión del Covid-19 puedan recibir atención en casa a través de un convenio con Cruz Roja. El Gobierno también está adelantando las prestaciones y prevé desarrollar la ayuda a domicilio con fondos estatales.