Los servicios sociales en Gran Canaria están ''al borde de la quiebra''
El consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, reclamó este lunes al Gobierno Autónomo desbloquear la negociación sobre la financiación de los servicios sociales, que aseguró están “al borde de la quiebra técnica” por la política del Ejecutivo.
“Hay una preocupación muy seria con la posibilidad de continuar prestando servicios sociales”, afirmó Quevedo al inicio de una reunión a la que convocó a todos los ayuntamientos de Gran Canaria con la intención de promover un pronunciamiento conjunto en favor de la aplicación en el Archipiélago de la Ley de Dependencia.
Una norma por la que dijo esperan al menos 1.500 personas en Gran Canaria y que declaró no se ha puesto en marcha como debiera en las islas, a diferencia de lo ocurrido, según destacó, en otros lugares de España, debido a demoras y falta de aportaciones financieras del Gobierno Autónomo.
“No es razonable que no estemos caminando con la Ley de Dependencia como tras comunidades del Estado, no podemos estar orgullosos sobre cómo se ha hecho esto en Canarias y tenemos que tener claro que hay muchísima gente en esta tierra que tiene esa necesidad”, sentenció al respecto.
Y es que, según explicó, aunque la norma entró en vigor en enero de 2007, “aquí lo que ha venido a ocurrir es que el decreto para reconocer ese tipo de hechos se ha producido nueve meses después que el decreto del Estado español”, con lo que su aplicación se ha demorado.
“Y, cuando se ha comenzado su aplicación, lo que hemos identificado es que los ayuntamientos han recibido una carga de trabajo extra en la elaboración de los informes sociales, sin recibir una ficha financiera, que es lo que han venido denunciando”, apostilló.
Insistió, además, en que también ha imposibilitado hacer efectiva la ley en Canarias la falta de dotación económica por parte del Gobierno Autónomo, al que los principios de la norma hacen responsable de “la parte del león” de la financiación de las ayudas a las personas dependientes.
Y es que -precisó- “lo que hay en el convenio Canarias-Estado para este año son unos 8 millones de euros por parte del Estado español y unos 26 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias”.
Un dinero éste con el que aseguró que los responsables autonómicos “tratan de financiar lo que ya existe”, por lo que, “en la práctica”, para costear la Ley de Dependencia “no hay ninguna nueva aportación por parte del Gobierno de Canarias”.
“Por lo tanto, hay un esfuerzo, pequeño, por parte del Estado español, pero la parte del león le toca a las comunidades autónomas”, y ésta no está cubierta en Canarias, fue su conclusión.
Y añadió: “yo puedo entender que hay dificultades financieras, pero también hay que entender que no es razonable que la principal política dirigida a las personas no sea la que esté en mayor medida estimulada, como es este caso”.
Ello se suma al hecho de que ya cabildos y ayuntamientos vienen haciendo “un sobre-esfuerzo” para prestar los servicios sociales a su cargo, “y desde el Cabildo de Gran Canaria hemos venido denunciando que la quiebra técnica de los servicios sociales en Canarias es una posibilidad muy próxima”, recalcó.
Por todo lo expuesto, Pedro Quevedo apostó por “sentarnos y desbloquear, no sólo la Ley de Dependencia, sino los servicios sociales, en su conjunto, en Canarias”, y pidió que el Gobierno Autónomo atienda esa llamada.
“Llevamos nueve meses planteándolo 'sotto voce', por decirlo de alguna manera, tratando de no generar polémica en torno a este tema, y creo que ha llegado el momento de decirle, sin acritud, pero con firmeza: vamos a sentarnos, y vamos a desbloquear las cosas”, finalizó.
