Los servicios sociales denuncian un ''suicidio''
No dan margen a la duda. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (AEDGSS) denuncian que España se encamina hacia el “suicidio social”, con un recorte “brutal” en los programas de servicios sociales que alcanza los 394 millones de euros, un 16% menos con respecto a las cuentas de 2011. “ [El recorte] Pone en riesgo la cohoesión social y, con ella, la capacidad de nuestra sociedad para salir de la crisis y generar riqueza y bienestar”, apunta la asociciación en un comunicado.
España presenta un porcentaje de riesgo de exclusión o inclusión precaria de casi la mitad de la población española, una tasa de pobreza del 21,8%, una de cada tres familias con dificultades para llegar a fin de mes (30,6%) y un 3,22% de los hogares españoles sin ningún ingreso. En este contexto, los responsables de los servicios sociales critican el tijeretazo en dos partidas clave: la atención a la dependencia y las prestaciones básicas.
Según las cifras aportadas por la AEDGSS, el “malabarismo contable” de reducir menos porcentaje en los créditos ampliables de la dependencia encubre un recorte generalizado del 28% en el Plan Nacional Sobre Drogas, un 39% en los Servicios Sociales a personas mayores, un 19% en discapacidad, un 21% de actuaciones en violencia de género, un 42% en atención a la infancia y a las familias y un 20% en Igualdad. Esta es la razón, esgrimen, por la que el peso de la partida destinada a atención a la dependencia aumenta en el total de los presupuestos para servicios sociales con respecto a 2011: de un 59,6% al 66,4%.
Sin embargo, los PGE para este año prevén suprimir la partida dedicada a la financiación del nivel acordado establecido en el art. 10 de la Ley 39/2006: 283 millones de euros distribuídos entre las autonomías para la atención a las personas dependientes. Fuentes ministeriales han matizado que esta aportación se incorpora al nivel mínimo garantizado de financiación, que, independientemente de la aportación, se compone de créditos ampliables en función de los dependientes reconocidos en cada territorio.
La asociación calcula un recorte equivalente al 15% de la aportación estatal (los Gobiernos regionales también participan en la financiación de la atención a la dependencia), lo que provocará, según los responsables de los servicios sociales, un incremento del déficit autonómico, ya que las comunidades deberán cargar con el coste de compensar el recorte para mantener las ayudas. Además, añaden, aumentará las dificultades para atender a las 300.000 personas con derecho reconocido que se mantienen a la espera de recibir las ayudas en toda España y, por tanto, “imposibilitará” la tramitación de nuevos expedientes.
“Una cifra así no solo equivale a atender a 35.000 personas, sino que su recorte supone dejar de crear 8.000 puestos de trabajo en el sector de los cuidados y una reducción de ingresos por retornos al Estado de unos 113 millones de euros”, apostillan.
Prestaciones básicas
La otra partida más afectada es la reservada al Plan concertado de Prestaciones Básicas para los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales. De los más de 86,5 millones de euros consignados en 2011, los nuevos presupuestos se sejan casi la mitad, 36,7 millones. La asociación apunta, además, que esta disminución del 43% se realiza en una “gravísima situación de crisis”. El propio proyecto de ley especifica las consecuencias del recorte, que supondrá el cierre de 582 centros de servicios sociales y el despido de 12.265 trabajadores.
Respecto a los usuarios, la disminución presupuestaria provocará la reducción de usuario directos (3,4 millones de personas) de los servicios de ayuda a domicilio, prevención e inserción, alojamiento alternativo y generación de empleo.
