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La Udyco, a tiempo compartido

La Jefatura Superior de Policía de Canarias niega connivencia con la patronal del timesharing en la operación de julio y dice que la investigación sigue abierta.

Rechaza las acusaciones del principal imputado de que la denuncia se presentó el día antes de la operativo. "Data de mucho tiempo atrás, viene de lejos", dice un portavoz oficial.

La Policía sostiene que "hay más de cien denunciantes de diferentes países", hecho que los abogados de los imputados desconocen y que no consta, de momento, en el juzgado.

El denunciante particular e inspector en excedencia dice que "hay una batería de peticiones realizadas al juez, de dos detenidos más, y fraudes a la Seguridad Social y Hacienda".

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Rueda de prensa de Eugene Kaiser por el caso 'timesharing'

Rueda de prensa de Eugene Kaiser por el caso 'timesharing'

"Es todo falso. El caso timesharing es una investigación bastante más compleja, con partes inconexas, y más de cien usuarios denunciantes de diferentes países". Así replicaron este miércoles desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias a las acusaciones vertidas por el principal imputado en esta operación policial ejecutada el verano pasado en el Sur de Gran Canaria, Eugen Kaiser, de connivencia entre la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Brigada de Policía Judicial de Las Palmas y la patronal RDO que sostiene a una asociación de usuarios contra el fraude en esta modalidad turística, presidida por un inspector de Policía.

"La investigación sigue abierta, por eso no se pueden dar más detalles", aseguró a Canarias Ahora un portavoz oficial de la Policía, en nombre del jefe superior, Valentín Solano, quien rechaza de plano lo sostenido por Eugen Kaiser y sus abogados tras prestar declaración este pasado lunes ante el juez instructor: que la denuncia fue presentada en la Supercomisaría de Las Palmas de Gran Canaria el domingo 21 de julio a las 19:00 horas, y que, sin diligencia previa policial ni comprobación alguna, se ejecutó el operativo a la mañana siguiente.

"La investigación data de mucho tiempo atrás, viene de lejos", mantienen desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias, sin querer entrar en detalles sobre la presunta actividad de tipo ilícito llevada a cabo por los ocho principales imputados de esta operación que el 22 de julio pasado se saldó con 74 detenidos. Solo los ocho imputados pasaron ante el juez titular de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana, Julio Luis Wood, quien dos dìas después del operativo dictó un duro auto denegando la solicitud de entrada y registros ya efectuadas, si bien les imputó el presunto delito de estafa a usuarios del tiempo compartido.

El caso es que la Policía niega los extremos desvelados por uno de los imputados, Eugene Friedrich Kaiser, de que la denuncia fue interpuesta la tarde anterior y que figuraba sin el DNI del denunciante, Alberto García, presidente de la asociación Mindtimeshare e inspector del Cuerpo en excedencia, que se presenta como "colaborador" de la Udyco en operaciones de este calibre en la Costa del Sol, Canarias o la Comunidad Valenciana, aparte de que, tal y como recoge el auto del juez de 24 de julio, no existiera el más mínimo trabajo previo de comprobación policial en cuanto a los hechos denunciados por el inspector en excedencia.

"Nadie puede tener tanto poder en la Policía", han explicado fuentes extraoficiales desde la misma Jefatura, que dan por válida una operación mantenida al margen de la autoridad del juez, hasta el último instante, "ante el riesgo de que se produjeran filtraciones", sostienen otras fuentes conocederas de la operación de la Udyco.

Sin embargo, la contundencia de los documentos aportados por los abogados de Kaiser el martes, en su comparencia en Arguineguín ante los medios, desvelan lagunas y fisuras en el operativo, como la intervención y requisa de numerosa documentación y de ordenadores portátiles, sin la autorización judicial, o la detención de casi 70 empleados, interrogados en los calabozos de la Supercomisaría de madrugada. Así, el manto de la duda se ha extendido sobre la actividad 'a tiempo compartido' (por esa larga investigación abierta, o por el vínculo con la denuncia de parte) de la Udyco, de cuyos "cien denunciantes" nuevos nada saben los abogados de los imputados. "No consta nada de eso en el juzgado", explicó un letrado.

Los imputados, que han decidido esperar al archivo de la causa para formular una denuncia por detención ilegal y por denuncia falsa, mantienen que la denuncia fechada el 17 de junio de 2013 -pero presentada a la Policía el 21 de julio, formalmente- es todo en lo que se basa el Grupo I de la Udyco para poner en marcha la operación, "no porque realmente se estén persiguiendo fraudes, en los que no he participado -sostiene Kaiser- sino porque RDO -la patronal del timesharing que financia a la asociación Mindtimeshare- usa los contactos de Alberto García y su pasado como inspector de policía para deshacerse de sus rivales".

Kaiser incluso ha abierto una página personal (www.eugenkaiser.com/es/) en la que vierte todas estas acusaciones de manera detallada, y se defiende de su competidor resaltando que en ningún caso tiene antecedentes penales en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, si bien en la denuncia García señala que hubo "numerosos procedimientos judiciales" en esos países contra este empresario alemán radicado en Gran Canaria hace 30 años.

Alberto García, por su parte, aseguraba a este diario que la causa "coge cuerpo" ante una "batería de peticiones relizadas al juez", en referencia a dos detenidos que no declararon el lunes por encontrarse en paradero desconocido, o supuestos delitos fiscales, y contra los derechos de los trabajadores, que indagan la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Más allá del fondo del caldero de este asunto entre sectores del timesharing en las Islas, lo que queda en el aire es el modo de proceder del Grupo I de la Udyco, puesto en duda por los abogados de los imputados, defendido desde la Jefatura y explicado, someramente, por el propio denunciante: "Los motivos por los cuales se hizo la operación antes, y después se informó al juez, habrá que preguntarle a la Policía".

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