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La denuncia de la Defensora del Pueblo, una prueba más de la "mala gestión" de Rojas

Los trabajadores sociales afirman que el Ejecutivo no tiene datos para defender la pésima aplicación de la ley de Dependencia en Canarias.

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Inés Rojas, consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

Inés Rojas, consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

Los colegios profesionales de Trabajo Social de Canarias han advertido de que la denuncia de la Defensora del Pueblo sobre la falta de respuesta a sus requerimientos de la Consejería de Políticas Sociales demuestra la mala gestión de la titular del departamento, Inés Rojas.

En un comunicado los trabajadores sociales expresan "nuevamente" sus discrepancias "con la pésima gestión" de la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

A su juicio, la denuncia de la Defensora del Pueblo ante la Fiscalía contra el departamento que dirige Inés Rojas por "su actitud no colaboradora con esta institución ante los requerimientos motivados por las quejas de los ciudadanos canarios por el incumplimiento de la Ley de Autonomía Personal" es una nueva prueba de la errática gestión del Ejecutivo canario en relación a las personas en situación de dependencia.

Esta falta de colaboración del Gobierno regional "es una prueba más de que el Ejecutivo de Paulino Rivero no tiene datos que contradigan" la denuncia de que Canarias está a la cola de las comunidades autónomas en el cumplimiento de la conocida como ley de Dependencia.

"Hace años que los colegios de Trabajo Social de Canarias estamos denunciando la mala gestión de la consejería de políticas sociales en relación a las personas dependientes, pero no hemos sido los únicos", advierten.

Además, añaden que en otras comunidades autónomas como el País Vasco existen instituciones como las diputaciones que también participan en el sistema de Dependencia y, sin embargo, las cifras no son tan negativas como en Canarias, donde el propio Gobierno ha reconocido que más de 4.000 personas dependientes han fallecido desde 2010 sin haber recibido las ayudas que les correspondía.

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