La viceconsejera de Justicia sostiene que la prueba ilícita ''impone'' límites al poder
La viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, manifestó este jueves en Las Palmas de Gran Canaria que “la prueba ilícita supone un límite al ejercicio del poder, ya que para la obtención de pruebas, además de no vulnerar los derechos fundamentales, es necesario cumplir la normativa procesal de desarrollo, que son las normas de garantía” .
En el trancurso de la inauguración de las jornadas La prueba ilícita en el proceso penal, Déniz agregó que “si el Estado incumple las leyes, no es posible que exiga a los ciudadanos respeto a esas mismas leyes”.
Déniz explicó que “la justicia está sufriendo profundos cambios, no solo normativos, sino tecnológicos y organizativos”. “Por tanto, hablamos de una metamorfosis. En todo este cambio, la prueba ilícita es esencial para poder conocer lo que es un auténtico Estado de Derecho. A través de la prueba ilícita se imponen límites al poder”, indicó.
El Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, Vicente Garrido, subrayó, por su parte, que estas jornadas “son muy importantes desde el punto de vista doctrinal”, y de “enorme trascendencia desde el ámbito del Derecho Penal”, ya que en ellas se va a poder reflexionar, entre otros aspectos, sobre las garantías procesales.
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, destacó también la importancia de estas jornadas, “que se reflejan en los contenidos de los cuatro módulos previstos”. En la mesa inaugural se encontraban, asimismo, María Rosa Díez, en representación del Colegio de Abogados de Las Palmas, y José María Palomino, doctor en Derecho y director de las jornadas.
Durante las sesiones de trabajo previstas para este jueves y viernes se abordarán, entre otros asuntos, la actual dificultad para delimitar, territorializar y perseguir delitos cometidos a través de Internet y cómo adaptar la jurisprudencia actual a las nuevas tecnologías.
A estas jornadas asisten más de 160 personas, entre abogados, jueces, fiscales, policías nacionales y guardias civiles.
