La Diputación del Común investiga el posible incumplimiento del protocolo de violencia de género en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas

La adjunta de Igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, ha abierto una investigación de oficio sobre el supuesto incumplimiento del protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género que realiza el Instituto de Medicina Legal (IML) de Las Palmas.

Esta investigación se inicia a raíz de la queja presentada en la Diputación del Común por una víctima de violencia de género que el juzgado derivó a este servicio, donde asegura que el equipo médico del Instituto de Medicina Legal “no cumplió con el protocolo de actuación”.

En concreto, la denunciante asegura que “no fue entrevistada ni valorada por los médicos-forenses, entre otros errores”, según ha informado la Diputación del Común en nota de prensa.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Telde también ha solicitado a la Diputación del Común su intervención para que el IML “respete” el protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género.

En este caso, remiten copia de contrainformes periciales de valoración del riesgo de violencia de género emitidos por el Servicio de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Telde, en los que se citan un conjunto de errores metodológicos realizados en el proceso de valoración de riesgo y en la aplicación del protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género.

Al respecto, dicho Servicio apunta que bajo su consideración “parecen apuntar hacia una evidente e indubitada validación del relato del investigado y la no credibilidad del relato de la víctima”.

Ante estas quejas, Barrera expuso que “es esencial” que los mecanismos legales establecidos para lograr una “mayor eficiencia en el enjuiciamiento del delito y en la protección de las víctimas, sean lo más preciso posible”. Agregó que la Diputación del Común “está para supervisar el correcto” funcionamiento de la administraciones públicas.