Zerolo declara hoy ante el Supremo como imputado por el caso Fórum

El senador canario Miguel Zerolo renuncia a su escaño en la Cámara alta

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

Esta mañana, a las 12:00 horas, el senador de Coalición Canaria, Miguel Zerolo Aguilar, está citado para declarar ante el Tribunal Supremo en calidad de imputado por un presunto delito de cohecho ante el magistrado instructor Andrés Martínez Arrieta que investiga el caso Fórum. También está citado como imputado el empresario José Ana Pérez Labajos.

La comparecencia estaba inicialmente prevista para el pasado 13 de octubre, pero a última hora fue pospuesta ya que los representantes legales del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife alegaron falta de documentación.

La Sala de lo Penal declaró su competencia para la instrucción, y, en su caso, el enjuiciamiento del aforado Miguel Zerolo y acordó que había que seguir investigando los hechos recogidos en la exposición razonada enviada por el juzgado número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

En su auto explicaba que dicha exposición razonada daba cuenta de la existencia de unos documentos, incautados en la sede de Fórum Filatélico por el juzgado central de instrucción número 5, de cuyo examen “era posible inferir de forma indiciaria la comisión de hechos delictivos en determinadas operaciones inmobiliarias realizadas en Santa Cruz de Tenerife”.

En concreto, se refería a la gestión de la concesión administrativa para la construcción y explotación de un puerto deportivo y club de mar en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y a la recalificación de dos parcelas de terreno en Valle de Tahodio. 

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife (1995 a 2001) tiene una segunda causa abierta en el Tribunal Supremo por la venta de unas parcelas en la playa de las Teresitas.

El magistrado instructor Juan Ramón Berdugo ha propuesto a la Sala pedir el suplicatorio para proceder contra él por delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

El Tribunal Supremo condenó el pasado mes de julio al senador de Coalición Canaria a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la concesión de unas obras de acondicionamiento en el antiguo instituto García Cabrera. 

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