El Ayuntamiento de Arona, condenado a pagar 1,5 millones por ocupar unos locales
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Arona a pagar 1.494.533 euros a la empresa Compañía Popular Canaria SA, por ocupar 1.180,72 metros cuadrados de varias oficinas del centro comercial Zentral Center de Los Cristianos. El TSJC incluso aumenta en 15.000 euros la cantidad inicial que debe desembolsar el Ayuntamiento, fijada en primera instancia en 1.478.852 euros.
La empresa y la corporación local firmaron, a finales de 2003, un convenio de arrendamiento con posibilidad de que pasara a ser propiedad pública. A cambio, el ayuntamiento se comprometía a modificar el uso de dos parcelas de la empresa para que en una fuera posible construir 46 viviendas con uso comercial y en otra se mantuviera el específico de oficinas. En esta última parcela se recalificarían 8.000 metros cuadrados para uso residencial, lo que permitiría construir otras cien viviendas.
Sin embargo, cuatro años después no se llegó a modificar el Plan General de Ordenación (PGO), por lo que el convenio quedó sin efecto y la corporación local estaba obligada a pagar 238.000 euros por año. La justificación dada desde el ayuntamiento es que el cambio resultaba incompatible con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), lo que no ha sido aceptado por los tribunales. En 2011, la primera sentencia obligó al desalojo de estos locales.
Entre las oficinas que el Ayuntamiento de Arona ocupaba en el Zentral Center consta la cesión de una a la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, de agosto a diciembre de 2006 y de febrero a abril de 2008. Un segundo local fue cedido de forma gratuita, desde febrero de 2005, a la UNED.
El contencioso no resultó sencillo. Hasta 16 testigos tuvieron que intervenir con el fin de fijar el valor del metro cuadrado que finalmente se cuantificó en 13 euros, frente a los 227 por los que llegó a ser tasado por algún perito. “Las diferencias entre la mayoría de los testigos propuestos por el técnico municipal y por la empresa son tan significativas que sólo tres testigos aportados por esta última casi igualan la suma de los valores de las rentas correspondientes a los trece del informe municipal”. Por ello, el TSJC encargó una nueva valoración que determinó que el precio se situó en 18,65 euros en 2006 y en 20,51 euros en 2011. De ahí se dedujo la cifra de 1.494.533 euros.
Durante el proceso judicial, el ayuntamiento planteó que fue necesario realizar obras por más de 41.000 euros y que los locales presentaban determinadas deficiencias. Un argumento que iba en contra de la concesión de la licencia de primera ocupación dada por la propia corporación local. Hubo diferencias en la fecha en la que se utilizaron los locales que finalmente quedó fijada entre el 1 de enero de 2004 y el 30 de junio de 2011, momento en el que el Juzgado ordenó el desalojo.
