El exdirector del Hotel Sir Anthony desmonta la defensa del exalcalde de Arona

Rafael Estartús Garbó, el que fuera delegado del complejo hotelero Mare Nostrum en el sur de Tenerife, y responsable del Hotel Sir Anthony en Arona hasta agosto de 2008, desmontó en apenas 20 minutos la estrategia de defensa del exalcalde de CC en ese municipio, José Alberto González Reverón, a quien la Fiscalía acusa de dos delitos de prevaricación por omisión, por los que solicita nueve años y medio de inhabilitación para cargo público.

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge desde este miércoles y hasta el viernes el juicio de la primera pieza separada del complicado caso Arona, y ha sentado en el banquillo al exregidor nacionalista y al que fue su concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011, Antonio Luis Sosa, al que la Fiscalía también achaca un delito de malversación de caudales públicos.

González Reverón, que ya fue inhabilitado en 2012 durante cuatro años y medio por enchufar a dedo a dos personas en el Ayuntamiento, llegó al Palacio de Justicia serio y con ninguna gana de atender a los medios de comunicación. Tan sólo le acusa la Fiscalía, ya que la acusación particular, representada por el abogado Felipe Campos, que fue quien durante cerca de diez años estuvo detrás de la denuncia por la presunta trama de corrupción municipal instalada en el Ayuntamiento aronero, se ha retirado de la causa.

El fiscal le interrogó sobre si era conocedor de que en el hotel-spa Sir Anthony se llevaban a cabo obras mayores de remodelación sin la licencia pertinente desde abril de 2008, pero como era de esperar, porque ya se había expresado así durante la instrucción de la causa, descargó la responsabilidad en los técnicos e inspectores municipales y negó tener cualquier tipo de complicidad con los responsables de Mare Nostrum. En concreto, dijo de Rafael Estartús que le conocía como un empresario de la zona, pero poco más.

Disfrute oculto

Según consta en autos, las obras se iniciaron en abril de 2008. Se gastaron 10 millones de euros, por lo que las arcas municipales debían haber ingresado 300.000 euros, que nunca se vieron. La dirección del Sir Anthony había solicitado licencia para obras menores, pero no para obras mayores, sin aportar el proyecto de las mismas. González Reverón sostuvo ante el tribunal que no recordaba que le hubiera mandado un sms a Rafael Estartús indicándole que presentara el proyecto ya, pese a que entonces y por mandato judicial, sus conversaciones ya estaban intervenidas por la Policía.

“No sabía que faltaba documentación en su expediente de solicitud de licencia. No sabía que las obras comenzaron a hacerse sin licencia”, afirmó el ex alcalde nacionalista. “Ya había rumores de que faltaba el proyecto y eso es lo que sé, y por eso le mandé un mensaje a Estartús para que lo subsanara”.

Pero Rafael Estartús reconoció que el Sir Anthony carecía de cobertura legal para esas obras mayores y que el exalcalde “era consciente” de esa falta de licencia, y que le insistió para que presentara los papeles, aunque no paralizó la obra, “que se veía desde la playa”.

Llamó la atención en la primera vista oral del juicio que el fiscal no preguntara por los motivos del “descuido” del exregidor que constan en la instrucción del caso y en las conclusiones provisionales de la propia Fiscalía, y que serían los disfrutes que hizo de habitaciones de lujo a las que accedería por puertas discretas.

Una inspectora del Ayuntamiento recalcó que levantó un acta en 2008 porque se estaban llevando a cabo obras de remodelación en el hotel que carecían de licencia de obras mayores y menores. “En ese momento ya se podía haber solicitado la suspensión de las obras”.

Así que para la Fiscalía, González Reverón es responsable de un delito de prevaricación por omisión, al no haber dictado la medida cautelar de paralización de las obras, y otro delito de prevaricación por no incoar el procedimiento sancionador al establecimiento hotelero.

Igualmente fue interrogado por las supuestas obras sin licencia que se llevaron a cabo en el chalé de un familiar suyo, del que dijo que no tenía conocimiento siquiera de que fuese su familiar.

Dietas sin pagar y enchufes

Para el segundo acusado, Antonio Luis Sosa, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación para cargo público y un año de prisión. Se le acusa de enchufar a dedo a cuatro personas para el área de Medio Ambiente, que el propio Sosa creó en 2008 y de cobrar una dietas indebidas en un viaje a una feria en Münich, que fue pagado por una empresa privada.

También se le acusa de que, pese a ser responsable de Urbanismo, no hizo nada por paralizar las obras del Sir Anthony.

Y al igual que González Reverón descargó responsabilidades en los técnicos municipales. “Yo no firmaba licencias y las resoluciones se adoptaban en Junta de Gobierno”, indicó. “Para los asuntos de Urbanismo, en teoría debían llamarme a mí, pero todo el mundo preguntaba por el alcalde”, asertó.

“No sabía que había una solicitud de licencia de obra menor para el Sir Anthony. Yo me enteré de ese expediente en enero de 2009” y aseguró que esos trámites están en manos de los técnicos, pese a que esos técnicos habían dictado una orden de suspensión de las obras, “que no me llegó hasta enero del 2009”, insistió Sosa. “Yo no superviso si la obra se ha paralizado o no. Eso conlleva un procedimiento administrativo”.

En cuanto a la contratación de cuatro personas para la recién creada Concejalía de Medio Ambiente, indicó que necesitaba de dos áreas, una jurídica y otra administrativa y que él mismo se ocupó de contratar como servicio externo a personal cualificado. Una de esas personas acudió con él a la Feria de Münich.

“Conocía a dos de esas personas por su alta cualificación y conocimientos técnicos. Una de ellas trabajaba para un despacho de abogados”. “En efecto, una de esas personas no es licenciada, pero tenía un gran bagaje y experiencia…No, no manejé otras opciones para el puesto”.

Esas cuatro personas, pese a ser personal externo, tenían un correo corporativo del Ayuntamiento y una extensión telefónica, que Sosa aclaró porque “en una ocasión, uno de los trabajos encargados requería muchos contactos con asociaciones y de otra forma les hubiera sido imposible. La extensión telefónica servía para informar a esas asociaciones”.

En cuanto al viaje a Münich, la Fiscalía sostiene que Sosa cobró en dietas 398 euros por gastos de hotel y 238 por manutención, pese a que en las conclusiones provisionales consta que no se gastó un céntimo. Sosa explicó en respuesta a su abogado, Manuel Freddy Santos, que siempre se creaba una comisión de servicios para los viajes, y que aunque cobró las dietas, “luego las aboné”.

Instrucción viciada

La abogada de González Reverón, Olga López, intentó la suspensión del juicio “por tratarse de una pieza separada y menor del complejo caso Arona, cuyo grueso (en torno a 200 licencias urbanísticas concedidas sin informes favorables y otras irregularidades, y más de 80 contratos sin concurso público) se verá en juicio a partir del próximo 12 de enero. ”La conclusión de este juicio puede quedar vacía de contenido“, por lo que pidió su suspensión.

Además, la letrada planteó otras cuestiones de prejudicialidad, como que el auto por el que se autorizan las escuchas telefónicas “ni estaba motivado ni estaba firmado. Es un error gravísimo en la instrucción”, a lo que el fiscal respondió que estaba registrado en el sistema informático de los juzgados, pese a que no estuviese firmado.

Pero sobre todo, la letrada cargó contra el instructor del caso Arona, el juez Nelson Díaz Frías, no ya solo por la falta de firma en el auto que ordenaba las escuchas telefónicas, sino “por la falta de imparcialidad”.

“El juez se autorepartió la denuncia que hizo en su día Francisco Santamaría (el concejal socialista de la oposición que destapó el caso Arona) y como no tenía indicios suficientes para sustentar las acusaciones, es por lo que ordena las escuchas”, afirmó Olga López.

“Se presentó un ciudadano extranjero con unos informes internos de licencias del Ayuntamiento, y el juez le admite como acusación particular. A partir de ese momento todo el procedimiento, incluso las escuchas telefónicas, fue filtrado a la prensa. No había motivos para intervenir los teléfonos, por lo que el juez se ha arrogado una función acusatoria que no le corresponde”.