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Sí se Puede critica la privatización del alumbrado publico en Tegueste

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

Sí se Puede en Tegueste ha mostrado reiteradamente “su oposición frontal a la privatización del alumbrado público que se ha llevado a cabo en la Villa desde que el equipo de gobierno del Ayuntamiento comenzó con la tramitación de la misma”.

Al respecto, el partido asegura que con la fórmula actual, diseñada por el Consistorio, “la gran beneficiada es la empresa concesionaria que obtiene unos beneficios netos, después de recuperada la inversión inicial, de cerca de 700.000 euros, sin embargo, el conjunto de los ciudadanos, tras los doce años de contrato firmados, obtendrán una instalación obsoleta con necesidades de nueva inversión”.

Manuel Martín, concejal de Sí se Puede, asegura que “con la convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal, promovida recientemente por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) se confirma nuestra idea de que es posible la modernización, en cuanto a nuevas tecnologías, del alumbrado público municipal sin necesidad de privatizarlo”.

Afirma que esta privatización se trata de “una nueva muestra de la incapacidad del actual gobierno municipal de realizar una buena gestión de los servicios públicos”.

Martín expresa que el programa de ayudas para la renovación de las instalaciones, dirigida exclusivamente al sector de los servicios públicos, permite solicitar hasta el 100% de la inversión a través de préstamos reembolsables sin interés y con plazos de amortización de hasta diez años “algo que hace factible la ejecución de estas reformas de modernización en la linea de la eficiencia energética, sin necesidad de perder la titularidad pública de los servicios municipales”.

El concejal lamenta que “el pueblo de Tegueste haya perdido la oportunidad de beneficiarse de los grandes ahorros que proporcionará la modernización tecnológica de su instalación de alumbrado público”, al tiempo que sostiene que “es intolerable que este beneficio acabe en los bolsillos de una empresa privada por una negligente gestión de lo público por parte del Ayuntamiento”.

 

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