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Diligencias penales contra el Cabildo de Tenerife y tres funcionarios por la contaminación de la piscifactoría

El auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de La Orotava ya ha sido notificado a las partes y a la Fiscalía; este proceso se inicia con la denuncia del Seprona, tras destapar las irregularidades Tenerife Ahora

Valbuena, en la rueda de prensa que ofreció el 5 de octubre pasado, junto a dos funcionarios investigados

Valbuena, en la rueda de prensa que ofreció el 5 de octubre pasado, junto a dos funcionarios investigados

El ya conocido como caso piscifactoría, que destapó Tenerife Ahora con una información publicada el 19 de septiembre pasado (esta se apoyaba en un informe interno del Cabildo -visible a través de este enlace- que enumeraba las irregularidades cometidas, con riesgo para la salud humana, en la gestión de esa explotación acuícola pública sita en La Orotava), se complica más y más y con ello coloca en la cuerda floja al Cabildo de Tenerife y de manera especial al consejero insular responsable del Área de Medio Ambiente, el socialista José Antonio Valbuena.

Este miércoles, en relación directa con ese mismo asunto, se ha conocido que el juez Sergio Oliva Parrilla, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de La Orotava, ha dictado un auto con el que inicia las diligencias previas y además cita a declarar como investigados (antes imputados) a tres empleados públicos adscritos a la mencionada área insular y a un representante del grupo de gobierno en el Cabildo de Tenerife, una persona aún no definida pero que incluso podría ser el mismo consejero Valbuena.

Según se recoge en el auto, ya notificado a las partes y también puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal, las personas que deben declarar como investigadas por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública son las siguientes: los funcionarios y técnicos del Servicio de Gestión Forestal Buenaventura Machado Álvarez (jefe de servicio) y Tomás Reneses de la Fuente, y el encargado de la citada instalación acuícola en Aguamansa, Víctor Javier Pacheco Hernández, este también empleado público.

A esas tres personas se debe unir otra en representación del Cabildo de Tenerife (la administración pública que es titular del recinto que criaba y engordaba truchas). Las citaciones para esos cuatro investigados tienen fecha del 29 de noviembre próximo.

En calidad de testigos, como también se expone en el mismo documento judicial, el juez llama a declarar a los agentes instructores del atestado de la Guardia Civil, del Seprona y el que da inicio a este proceso, y a Miguel Rodríguez García (el inspector de Salud Pública que cerró la piscifactoría tras la visita realizada el 22 de septiembre a ese lugar), Daniel Montoro Meyaui (de Emmasa, por la gestión del canal del norte) y Santiago Mayans Vázquez (el funcionario y veterinario del Cabildo que firma el informe interno que habla de las irregularidades, algo que hace a petición del Servicio de Gestión Forestal). Estas personas deben testificar el 28 de noviembre próximo.

Piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, instalación que gestiona el Cabildo de Tenerife

Piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, instalación que gestiona el Cabildo de Tenerife

Los argumentos técnicos en que se apoya el auto de apertura de diligencias previas tras la denuncia cursada por el Seprona se apoyan con profusión en el atestado de la Guardia Civil y en las conclusiones técnicas del informe de Santiago Mayans y del acta de clausura de las instalaciones que firma el inspector de la Dirección General de Salud Pública Miguel Rodríguez García, ambos contenidos ampliamente difundidos por este medio.

El auto judicial centra las investigaciones en la venta de truchas para el consumo humano que eran tratadas con antibióticos, en la "posible" contaminación de agua potable con los piensos corregidos con antibióticos prohibidos para el uso humano y con los excrementos de esos peces, y en la inexistencia de permisos y autorizaciones para la realización de los vertidos de agua contaminada a un canal para el suministro a la población, el principal motivo de la clausura de la explotación acuícola el 22 de septiembre.

El documento que firma el juez instructor también pone el foco en la muerte de entre 10.000 y 12.000 ejemplares de truchas tras ordenar el inspector de Salud Pública que se dejara de verter agua sin autorización al canal del norte. Ello motivó el cierre del caudal continuo y el sacrificio indirecto de los peces.

Podemos y el PP se van a personar en la causa

En la mañana de este miércoles, se ha conocido que tanto Podemos como el PP en el Cabildo de Tenerife se personarán en la causa iniciada. José Antonio Valbuena, en una intervención realizada en horas de la mañana de este miércoles en Radio Club Tenerife-Cadena SER, afirmó que el agua que salía a diario de las instalaciones acuícolas hacia el canal para suministro a las personas se ha cifrado en unos "cinco millones de litros".

El consejero insular de Medio Ambiente, responsable político de esa gestión pública, también negó en la misma radio que hubiera riesgo para la salud humana por el uso de antibióticos para sanar una determinada enfermedad en las truchas.

En cambio, sí reconoció que se vertía sin autorización en el canal de agua para consumo humano, y dijo que la Consejería de Agricultura, con las competencias en acuicultura en Canarias, jamás había dicho nada sobre cómo se gestionaba ese recinto para la cría y el engorde de peces radicado en La Orotava.

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