CEOE-Tenerife abre un canal para la denuncia de la economía sumergida en su web corporativa
La patronal CEOE-Tenerife ha puesto en marcha un canal para la denuncia anónima de la economía sumergida, un servicio hasta ahora inédito. Según ha expuesto esa organización empresarial en una nota, con la financiación de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, se ha abierto a toda la ciudadanía una plataforma para la canalización de denuncias anónimas contra tales actividades ilegales a través del portal web de CEOE-Tenerife.
Las denuncias recibidas se tramitarán de forma inmediata ante los organismos estatales o autonómicos competentes. Asimismo, CEOE-Tenerife cuenta con un servicio gratuito de información y asesoramiento para el adecuado cumplimiento de las obligaciones empresariales, así como de adopción de medidas preventivas como los programas Compliance.
En esta semana, añade el comunicado, el Gobierno de Canarias “nos ha presentado el nuevo Plan Extraordinario de Inspección de Trabajo para nuestra región, con el refuerzo de 32 nuevos inspectores destinados a las islas para desarrollar actuaciones centradas en el empleo, algo que es fruto del convenio suscrito en el mes de septiembre pasado entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias” y que CEOE-Tenerife apoya.
En relación con esta misma iniciativa, los empresarios tinerfeños afirman que “entendemos que dentro del concepto de economía sumergida, además del fraude fiscal, existe un alto componente de economía no declarada en el ámbito laboral, la que evita el pago de impuestos y elude las contribuciones a la Seguridad Social o el cumplimiento de ciertos requerimientos mínimos legales de orden laboral”.
La lucha contra la economía sumergida, se prosigue en el comunicado, debe significar la adopción de “medidas y controles necesarios bajo el principio de corresponsabilidad de todas las partes implicadas, ya que esta produce una distorsión de la competencia empresarial, incrementa el esfuerzo fiscal de las familias y de las empresas que sí cumplen y lastra la recaudación presupuestaria de las administraciones públicas, lo que se refleja en una más deficitaria o bien insuficiente prestación de servicios públicos esenciales”.
