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Turismo evita dar una fecha para el cambio del decreto de alquiler vacacional

La consejera María Teresa Lorenzo solo afirma que “en breve” se procederá a la modificación de la norma, pero elude concretar con qué alcance

Mariate Lorenzo, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias

María Teresa Lorenzo, consejera canaria de Turismo De la Cruz / Diario de Lanzarote

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, no ha concretado este martes en el Parlamento de Canarias cuándo se modificará el reglamento (decreto territorial) de viviendas vacacionales para que las casas o apartamentos situados en suelos, zonas y urbanizaciones turísticas puedan ser utilizadas para el alquiler vacacional, algo en la actualidad prohibido, como quieren la patronal Ashotel y el Cabildo de Tenerife, entre otros agentes.

María Teresa Lorenzo ha dicho que “en breve” se modificará el decreto aprobado durante la pasada legislatura, pues su modificación es “extremadamente” compleja, ya que afecta a varios factores y a la convivencia de las personas que residen en las zonas turísticas, agregó.

La consejera, en respuesta a una pregunta del grupo del PP, ha comentado que el Gobierno quiere “hacer las cosas bien” a este respecto, aunque la diputada del PP Astrid Pérez ha denunciado que el 48% de las camas de alquiler vacacional se encuentran en suelo turístico; por ello, y debido a la actual regulación, un total de 60.000 plazas no pueden utilizarse.

En 2015, el alquiler vacacional contó en Canarias con 28.000 viviendas que generaron 528 millones de euros de impacto económico, dijo Astrid Pérez, que criticó que Canarias sea la única comunidad que excluye la zona turística del alquiler vacacional.

La diputada del PP se ha quejado de que el Gobierno lleve desde 2015 prometiendo la modificación del decreto, lo que es “una tomadura de pelo” de la propia consejera y de su Ejecutivo, pues incluso esta fue una promesa electoral de Fernando Clavijo.

Por ello, Pérez se ha preguntado qué intereses empresariales defiende el Gobierno de Canarias, al tiempo que ha anunciado que el PP presentará una proposición no de ley para que el Ejecutivo lleve a la Cámara en un plazo máximo de tres meses la modificación de ese decreto.

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