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Los estibadores impugnarán los servicios mínimos fijados para la huelga

Los sindicatos consideran que la convocatoria no requiere servicios mínimos al plantearse en días y horas alternos y, además, no afectar al tráfico de viajeros por los puertos

Reunión de este martes entre los representantes de los estibadores y el Ministerio de Fomento

Reunión de este martes entre los representantes de los estibadores y el Ministerio de Fomento EFE/ Fernando Villar

Los sindicatos de estibadores van a impugnar los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento para los paros parciales a los que están convocados los más de 6.150 trabajadores que realizan esta actividad en los puertos españoles los próximos días 20, 22 y 24 de febrero.

Los servicios mínimos establecidos por Fomento serán del 100% en el caso de las operaciones que afecten a mercancías perecederas o peligrosas o los suministros esenciales a los territorios insulares, Ceuta y Melilla, y del 50 % para el resto de servicios.

Los sindicatos consideran que la convocatoria no requiere servicios mínimos, al plantearse en días y horas alternos (de 24 horas se trabajarán doce) y, además, no afectar al tráfico de viajeros por los puertos, tal y como ha recordado este miércoles la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario de estibadores.

No obstante, fuentes de la coordinadora han señalado a Efe que los servicios mínimos no les preocupan mucho a los estibadores, que por supuesto los atacarán, ya que su objetivo con la huelga es conseguir llamar la atención de los grupos parlamentarios y la opinión pública sobre la reforma de la estiba planteada por el Gobierno que supondrá la extinción del empleo de este colectivo.

Los sindicatos están ofreciendo al Gobierno que abra una negociación con los estibadores, con lo que retirarían la convocatoria de huelga.

El Gobierno prevé aprobar este viernes un Real Decreto Ley sobre la reforma del modelo de la estiba -en cumplimiento de una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de diciembre de 2014- que tendrá que ser posteriormente convalidado por el Congreso en el plazo de un mes.

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