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Parejo presenta como nueva prueba la autorización de Costas para ocupar suelo

Manuel Parejo.

Tenerife Ahora / Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

El recurso de apelación presentado por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, Manuel Parejo dentro del caso mamotreto se basa en la aparición de una nueva prueba tras la celebración del juicio. En concreto, se aporta la autorización otorgada por Costas en julio de 2012 al Ayuntamiento para que ocupe casi 3.000 metros cuadrados de suelo público con el fin de proceder al encauzamiento del barranco de El Cercado, con puente incluido.

El exconcejal de Urbanismo fue condenado a tres años de cárcel, 15 de inhabilitación y el abono de los gastos de derribo del mamotreto junto con el resto de los cinco condenados. Todo ello por haber cometido dos delitos de prevaricación urbanística y otro contra la ordenación del territorio, aunque ahora la sentencia está pendiente de la decisión de la Audencia Provincial.

Parejo asegura que se enteró de este acuerdo de Costas por la prensa y del mismo extrae como conclusión que significa una autorización expresa al proyecto del arquitecto francés Dominique Perrault para la remodelación de la playa de Las Teresitas. En el acuerdo del organismo estatal se dice textuamente que el encauzamiento del barranco “está ligado a las obras de remodelación de la playa que han sido paralizadas después de que el Tribunal Supremo declarara nula la compraventa”. Luego se explican las actuaciones que se iban a realizar sobre el mamotreto como era la construcción de una rotonda y plaza en su parte superior. A continuación se indica que en 2012, Costas considera que la solución que se pueda dar para este entorno debería ser “la misma o similar a la adoptada en el proyecto de remodelación de Las Teresitas”.

La defensa de Parejo extrae como conclusión que el organismo estatal apuesta por mantener lo ya construido o reconstruirlo prácticamente igual al considerar que está otorgando una autorización “expresa” al proyecto de Perrault. El recurso de Parejo es el más amplio de todos los presentados por el resto de los cinco condenados y se extiende a lo largo de más de cien folios. En los mismos apela una vez más a que el exconcejal se limitó a votar según informaban los técnicos y se tacha a la sentencia de incurrir en “inconcreción, generalidad y abstracción”. Igualmente se apela a vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al no permitírsele una defensa real y no atenderse su petición de que se paralizara el juicio ya que el escrito de acusación no concretaba, bajo su punto de vista, de qué delitos se le hacían responsable.

El abogado de Parejo estima que no existe base probatoria mínima y sólida en la causa que permita imponer una condena y al respecto se cree que el fallo es “especulativo, inconcreto y circular”. Se cita el párrafo en el que se dice que los técnicos sabían, conocían la ilegalidad y “son culpables porque recibieron y ejecutaron instrucciones de los políticos que sabían, conocían la ilegalidad y son culpables porque siguieron las recomendaciones de los técnicos”. Al respecto se recuerda que Parejo es médico de profesión y por lo tanto no es conocedor de asuntos urbanísticos, pese a que ha ocupado este cargo durante varios mandatos en el Ayuntamiento de Santa Cruz.

La defensa también considera injusto que se condene a algunos de los concejales que votaron a favor del proyecto y no a todos e incluso que ni siquiera se les haya citado a declarar como testigos. Se defiende en todo momento la legalidad del proyecto, ganador de un concurso de ideas y sobre el que nunca se puso ningún reparo ni por parte de Costas ni del Gobierno canario o el Cabildo que participaban en su financiación. También se recuerda que el organismo estatal llegó a plantear que no era necesario someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental. La defensa sostiene que en realidad los promotores de la obra son las tres administraciones canarias y no sólo el Ayuntamiento. Redunda en el argumento de que al tratarse de una obra pública no precisaba de autorización y se niega que se ocupara dominio público de Costas según el nuevo deslinde.

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