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Lo que decía el periódico ‘El Día’ del denunciante de Las Teresitas

Un editorial de 2010 calificaba a Santiago Pérez como “lo peor de lo peor que ha existido en la política canaria” por “sus continuas denuncias a instituciones y personas honradas que han conseguido en política y en el mundo empresarial mucho más que él”.

“El señor Pérez se ha opuesto de una forma tenaz al proyecto de mejora de la playa de Las Teresitas”, en referencia a la operación urbanística que ha acabado con una condena a prisión del exalcalde Miguel Zerolo, su concejal de Urbanismo y los dos empresarios que la ejecutaron.

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El exsenador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife condenado, Miguel Zerolo. Efe

Las hemerotecas están plagadas de artículos de opinión que, a lo largo de la tramitación del sumario penal por el caso de Las Teresitas, elogiaban al político que promovió aquella operación, Miguel Zerolo, y menospreciaban a los denunciantes del caso, a cuya cabeza siempre colocaron al autor de la denuncia, el dirigente socialista Santiago Pérez.

El periódico El Día, baluarte del tinerfeñismo más radical, se alzó siempre con el récord de menciones y descalificaciones, defendiendo la operación como una recuperación de la playa para los vecinos y señalando a los denunciantes como enemigos del progreso de la isla. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, conocida la semana pasada, califica esa operación de delictiva y bastante alejada de los intereses públicos.

En un editorial publicado el 4 de septiembre de 2010, con la instrucción judicial en pleno apogeo, el periódico El Día abandonaba cualquier rasgo de sutileza desde su titular: “Cualquiera menos Santiago Pérez”. El equipo de editorialistas, a cuyo frente se encontraba su director y propietario, el fallecido José Rodríguez Ramírez, y lo completaban Ricardo Peytaví y Andrés Chaves, se refería al proceso de primarias abierto en el PSOE de Canarias para elegir a candidato a presidente de la autonomía en las elecciones de 2011. Uno de esos pre-candidatos era Santiago Pérez, cuya exclusión de la vida política perseguían los editorialistas: “Siempre hemos abogado por un candidato de Tenerife”, decía aquel editorial, “pero no Santiago Pérez. Antes, mejor el diablo. Santiago Pérez es lo más nefasto que hay para el propio Partido Socialista, para el pueblo de Tenerife, para el pueblo de Canarias e incluso para él mismo, ya que se ha condenado al fuego eterno, políticamente hablando, por su trayectoria en la vida pública”.

El repertorio de descalificaciones no termina ahí. En el siguiente párrafo se puede leer que Santiago Pérez “es un político ruin que aspira a bolchevizar la sociedad canaria, porque siempre se ha comportado con rasgos estalinistas, leninistas y hasta troskistas. Dicho con pocas palabras, es lo peor de lo peor que ha existido en la política canaria”.

El motivo de esa retahíla de improperios no era otro que “sus continuas denuncias a instituciones y personas honradas que han conseguido en política, y también en el mundo empresarial, mucho más que él”. Se referían los editorialistas a Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife por Coalición Canaria, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, todos ellos condenados a prisión en la sentencia de Las Teresitas.

Más adelante y sin circunloquios, el periódico define como “el más perjudicial” de los casos denunciados por Santiago Pérez el de la playa de Las Teresitas: “Solo por hacerle daño a CC y a Miguel Zerolo, que tanto poder y protagonismo le han quitado al Partido Socialista, se ha opuesto el señor Pérez de una forma tenaz al proyecto de mejora de la playa de Las Teresitas”.

Miguel Zerolo ha sido condenado a siete años de prisión como autor de un delito de malversación, más diecisiete años y medio de inhabilitación por el delito de prevaricación en el caso de Las Teresitas. Esta condena, susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo, se suma a la que ya tiene de ocho años de inhabilitación por prevaricar en el caso García Cabrera. Las acusaciones estudian pedir su ingreso en prisión por riesgo de fuga y alzamiento de bienes.

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